Diputado liberal Rodrigo Blanco Amarilla. GENTILEZA

Tras la reciente promulgación de la Ley 6572/20 que crea el Registro Nacional de agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, y el banco genético, el diputado liberal Rodrigo Blanco aseguró que con la nueva herramienta legal habrá un antes y un después de materia de protección a la niñez.

La nueva normativa no sólo crea un registro nacional de agresores sexuales en el que será inscripta la información completa de personas condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por dicho delito, sino que también crea un banco genético, lo cual se constituye en un importante instrumento para el Ministerio Público.

“Creo que tendremos un antes y un después en cuanto a esta problemática gracias a esta herramienta legislativa. El abuso infantil es un tema que daña terriblemente a miles de familias. Las estadísticas muestran que cada dos horas se presenta una denuncia por algún tipo de abuso en el Ministerio Público”, dijo Blanco.

Recordó que luego de haber organizado una serie de audiencias públicas al respecto, los expertos en el tema le habían explicado claramente las consecuencias que, en todos los casos, afecta de por vida a la víctima y su entorno.

“Con esta ley lo que vamos a tener ahora es que la sociedad pueda protegerse de alguna forma ante estos agresores sexuales, teniendo en cuenta de que hasta hoy no existe antecedentes ni nada que pueda demostrar que estas personas puedan recuperarse de esto que consideramos una enfermedad muy profunda”, remarcó el diputado liberal, proyectista de la ley.

El Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes será un sistema de información gratuita sujeto a reserva donde se encontrarán los datos de agresores sexuales, consignando su identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas por la comisión de cualquier hecho punible de índole sexual de manera actualizada y en tiempo real.

Gracias a la nueva Ley, el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional tendrán acceso al registro, al igual que la persona interesada para conocer los datos relativos a su persona.

A partir de su entrada en vigencia, la normativa también obliga a toda institución que trabaje con niños, niñas y adolescentes a solicitar a sus trabajadores una constancia de no figurar en el mencionado registro nacional, esto como manera de prevención del contacto directo o indirecto con personas condenadas por los hechos punibles de índole sexual.

Por último, el diputado Blanco adelantó que trabajará en un texto que contemple el seguimiento de los ciudadanos que ya hayan cumplido con su condena por abuso, y los mecanismos de reinserción social.