El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación por la supuesta comisión del hecho punible de Lesión de Confianza, en contra del intendente municipal de Arroyito, Samuel González Valdez (en calidad de autor).

También fueron imputados por Lesión de Confianza los funcionarios municipales, Estela González de Sánchez, Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González. Además de los contratistas Silvino Ortiz, Alen Elpido Cardozo y Lino Ozuna Fernández. Todos los nombrados están imputados en calidad de cómplices.

Según los antecedentes, conforme a los elementos de sospecha con los que cuenta la representación fiscal sobre supuestos hechos punibles contra el Patrimonio de la Municipalidad de Arroyito, Departamento de Concepción.

En este sentido, cabe mencionar que el objeto de la investigación se circunscribe a la supuesta construcción de 5 obras para cuya financiación se habrían utilizado créditos presupuestarios del Objeto de Gasto 520 “Construcciones” provenientes de los fondos de Fonacide y Royalties, correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 de la Municipalidad de Arroyito.

En dicho periodo, la Municipalidad de Arroyito a cargo del intendente municipal Samuel González, habría suscrito contratos de obras para la construcción con fondos provenientes del Fonacide y otras mas con fondos de Royalties, totalizando la supuesta construcción de 8 obras, las cuales fueron, a su vez, objetos de verificación por parte de la Contraloría General de la República conforme Resolución CGR Nº 637 de fecha 11 de noviembre de 2019.

Del total de las ocho obras fiscalizadas por los auditores de la Contraloría, se cuenta con indicios de que cinco de ellas habían sido abonadas conforme a los contratado, esto es verificable a partir de las actas de recepciones definitivas y de las órdenes de pagos respectivas, pero de las verificaciones in situ se desprende que las construcciones realmente no habrían sido ejecutadas, o habrían sido ejecutadas parcialmente en algunos casos.

En cuanto a la hipótesis delictiva planteada por esta representación fiscal, la misma consistiría en la existencia de un eventual esquema, a través del cual, en connivencia funcionarios municipales y contratistas, con su actuar en conjunto, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 732.600.000, por medio de adjudicaciones para construcciones de obras que, en la realidad no habrían sido ejecutadas, o habrían sido ejecutadas parcialmente, y justificadas por medio de documentos administrativos que no reflejarían la realidad.