Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. GENTILEZA

Desde Santiago de Chile, el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se refirió a la muerte de dos niñas de 11 años falelcidas en una incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Yby Yau, y que posteriormente el Gobierno presentó como un operativo exitoso contra el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). 

“Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial" las muertes de dos niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado, dijo Jarab.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay

“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó Jarab.

El Representante afirmó que su Oficina ha recibido “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró "crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, particularmente el Protocolo de Minnesota”, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

Jarab subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.

También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Con información de ACNUDH