La publicación de Revista Zeta de febrero hace referencia a decenas de supuestas irregularidades en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), a cargo de la abogada Patricia Stanley.

Uno de los cuestionamientos del sector mayoritario del funcionariado de la DINAPI es precisamente la marginación de aquellos que no responden a los intereses de los altos directivos de la institución, principalmente a la directora Abog. Patricia Stanley. En contrapartida, esta ubica en puestos claves a sus leales, incluso sin tener en cuenta la idoneidad requerida para el buen cumplimiento de las funciones propias de los encargados de la tramitación de solicitudes de marcas, señalaron los denunciantes.

Según los documentos arrimados a Zeta Investiga, algunos funcionarios incluso cobran bonificaciones extraordinarias, adicionales y por responsabilidad mucho antes de ocupar cargos de relevancia que motiven esas remuneraciones. Es el caso de Angélica Sandoval Quintana, comisionada a DINAPI, quien al menos desde julio percibió salarios complementarios pero recién el 28 de octubre fue asignada como jefa interina de la sección Registro de Poderes, según la Resolución/DINAPI/RP/N° 344/2015, firmada por Patricia Stanley.

Por otro lado, también fue denunciada la contratación de la empresa “C&R Import-Export” para el servicio tercerizado de limpieza en la institución. Presuntamente esta firma no paga el sueldo mínimo a sus empleados ni el seguro de IPS, pero eso no tuvieron en cuenta tanto la jefa de Contrataciones Públicas de la DINAPI, Mesmina Jiménez, ni la
directora Patricia Stanley.

Giménez es funcionaria de Petropar y fue comisionada a la DINAPI luego de varios cuestionamientos y, principalmente, por su presunta vinculación con la adquisición de diesel cancerígeno, según los datos suministrados. La jefa de Contrataciones Públicas de la citada institución, quien percibe un salario mensual de más de 12 millones de guaraníes, aunque se sospecha que su ingreso llega a casi G. 18.000.000, también es cuestionada por funcionarios de la DINAPI por la adquisición de uniformes de dudoso origen, sin marca ni etiquetado y de mala calidad, conforme a la denuncia del Sindicato de Funcionarios de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (SIFUDINAPI).

Entre la serie de cuestionamientos también figura la supuesta concesión irregular de viáticos para viajes al exterior. En uno de los casos aparece una participación en un “curso de verano” en Chile, para el cual fue asignado un monto superior a los 23.000.000 de guaraníes para el funcionario beneficiado.

30.000 expedientes "duermen" en los escritorios
Por otro lado, fuentes del ente señalaron que hay al menos 30.000 expedientes de solicitudes de marcas parados en los cajones y escritorios de la institución, que no fueron tramitados en su debida forma desde el 2013. La acumulación de los documentos supuestamente obedece a la falta de idoneidad de los funcionarios encargados de las gestiones, porque fueron designados en los cargos solo por su afinidad con la directora de la DINAPI.

A raíz del estancamiento de esos expedientes, desde octubre fueron presentados al menos 18.000 escritos de urgimientos de los abogados de las firmas o interesados en el registro de las marcas, conforme a los datos.

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por escrito ante el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Nacional Anticorrupción. También fueron informados parlamentarios que integran la Comisión Bicameral de Presupuesto, entre otras autoridades. Precisamente la Secretaría Nacional Anticorrupción ordenó una auditoría de gestión en la DINAPI en base a las denuncias presentadas por el gremio sindical, revela la investigación de Revista Zeta.

La nota periodística de la Revista Zeta evidencia manejos supuestamente irregulares en la DINAPI, bajo administración de Patricia Stanley.