Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Dentro del marco de una audiencia pública virtual, el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que preside la diputada Kattya González, presentó avances e inició el debate del anteproyecto de Ley “Que establece medidas de protección y penaliza la utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados y para la comisión de hechos punibles”.

El evento contó con la activa participación de representantes de diferentes instituciones y organizaciones civiles, como Aldeas SOS; Global Infancia; Enfoque Niñez; Unicef Paraguay; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; e importantes organismos del Estado.

La diputada González explicó que la normativa tiene como sustento, los hechos acaecidos el pasado 2 de setiembre, donde resultaron muertas dos niñas en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Refirió que de acuerdo a lo que expresaron desde el Ministerio Público, existen dificultades, en este sentido, para la realización de una persecución penal de los hechos, debido a la falta de un marco jurídico que castigue el reclutamiento forzoso de niños para la comisión de hechos punibles.

En la ocasión, el debate se centró, primeramente, en que el Estado debería establecer redes de protección con enfoque niñez, que los asegure de ese estado de vulnerabilidad en que viven muchos niños en las zonas rurales e, incluso, en la capital y el área metropolitana.

“Realmente, llegar ya a instancias donde debemos articular los resortes, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, implica tácitamente un fracaso del Estado, en el sentido de que no fue capaz de establecer las primeras alianzas de protección para que no tengan que caer en esa situación de extrema vulnerabilidad”, sostuvo la diputada González.

Señaló que este es el inicio de una serie de debates en busca del consenso para la presentación de una iniciativa integral y, a su vez, un marco jurídico que castigue la utilización de niños y el reclutamiento de los mismos en grupos armados, para la comisión de hechos punibles.

La diputada González dijo que el Estado debe articular una serie de mecanismos que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, propiciando la presencia del Estado y, desde el Legislativo, establecer normas jurídicas necesarias para tal efecto.

Acotó que las reuniones seguirán la próxima semana, para ir recibiendo las propuestas de modificación y así establecer un marco jurídico aplicable, que se convierta en una política pública de protección para la niñez y la adolescencia.

Vale mencionar que el documento dispone, entre otros puntos, penas de entre seis y 10 años para quienes recluten a niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años de edad, o los obliguen a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, militares, paramilitares o grupos armados ilegales.