Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El desacuerdo no puede ser más evidente: a la misma hora que las autoridades madrileñas comparecían para explicar las nuevas restricciones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, montó una rueda de prensa paralela para pedir una mayor ambición.

Actualmente la Comunidad de Madrid —que consta de 6,6 millones de habitantes, 3,2 de ellos en la ciudad homónima— es el epicentro de los contagios de COVID-19 en Europa, con una incidencia acumulada de 721 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Madrid mantiene limitada desde el lunes 21 la movilidad en 37 áreas de la región, donde más de 855.000 habitantes solo pueden abandonar la zona en la que viven para trabajar o por otras causas de fuerza mayor, aunque se les sigue permitiendo circular por sus calles.

Tras días especulando con un posible endurecimiento de las medidas, la Comunidad de Madrid extendió las restricciones a otras ocho zonas, limitando la movilidad de 167.000 personas más.

De esta manera, se sigue descartando cualquier confinamiento generalizado o el cierre de ciudades, ya sea de la propia Madrid o de otras poblaciones como Fuenlabrada (de casi 200.000 habitantes), obligada a levantar fronteras en su interior para aislar cuatro zonas distintas.

Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de Madrid, explicó en rueda de prensa que por el momento la estrategia es limitar las restricciones a zonas con una incidencia cercana a los 1.000 casos por 100.000 habitantes y con un diseño urbano que permita aplicarlas.

Toda decisión, subrayó, se toma intentado "ser cautos" para evitar daños "socioeconómicos" que pueden ser "casi igual de malos para la salud de los ciudadanos que el propio virus".

CERRAR MADRID

Para el Gobierno de España no es suficiente. En su comparecencia paralela, el ministro de Sanidad pidió que las restricciones no se apliquen en ciertas áreas sino "que se extiendan a toda la ciudad".

Del mismo modo, a nivel regional pidió extender las medidas "a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes", lo que supondría multiplicar las áreas restringidas.

A su modo de ver, estas recomendaciones "son las medidas mínimas que hay que adoptar para tomar el control de la epidemia". "Hay que hacer esto, no hay otro atajo", insistió el ministro.

Este choque institucional llega después de los intentos presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por transmitir una imagen de unidad con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez —del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— arrancó la semana reuniéndose el lunes 21 con Ayuso —del conservador Partido Popular (PP)– en la sede del Gobierno regional en Madrid, para intentar enterrar el hacha de guerra tras meses de reproches y polémicas.

"La unión hace la fuerza", escribió Sánchez en el libro de visitas de la Comunidad de Madrid, desde donde más tarde afirmó que para contener la pandemia es "imprescindible" la "cooperación de todos los niveles de la administración".

Unos días más tarde esa cooperación brilla por su ausencia. Tras conocerse las recomendaciones del ministro, Isabel Díaz Ayuso salió al paso para defender sus medidas.

"Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas", afirmó en un mensaje publicado en Twitter.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (también del PP) fue más allá y acusó al Gobierno de atacar a la capital por interés político mientras a otras zonas con una alta incidencia como Navarra (más de 600 casos por 100.000 habitantes) no se le hacen recomendaciones similares.

"La pregunta es por qué a lo mejor están pidiendo a Madrid más que a otros territorios", dijo el alcalde.

CRECE LA TENSIÓN 

Mientras las autoridades airean su desacuerdo, el virus sigue avanzando y el descontento crece entre los vecinos de Madrid, sobre entre aquellos que viven en las zonas restringidas.

La mayor parte de las zonas restringidas se concentran en distritos del sur de la ciudad y del sur de la región, con una población mayoritariamente obrera, que se siente segregada porque las medidas no se aplican en otras áreas con una incidencia similar de contagios.

Esa sensación de rabia se evidenció en la noche del jueves 24, cuando una manifestación frente a los centros de salud en el barrio obrero de Vallecas para pedir más inversión pública acabó trasladándose frente a la Asamblea de Madrid para protestar contra las restricciones.

La concentración se encontró con la actuación de efectivos antidisturbios, que intervinieron para disolver a los manifestantes. Las cargas policiales dejaron un balance tres jóvenes detenidos y siete personas heridas leves (cuatro policías y tres manifestantes).

Para este viernes 25 hay convocadas nuevas manifestaciones, esta vez directamente frente a la Asamblea de Madrid.

VIAJAR PARA TRABAJAR 

Además, la frustración de la población se ve avivada por la percepción de que las medidas carecen de eficacia para contener los contagios, una sensación que está bastante extendida.

De hecho, un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid apunta que el 86,5% de los habitantes de las áreas restringidas se trasladan a diario para trabajar en zonas sin restricciones, por lo que la limitación de la movilidad es mínima pese a las molestias generadas.

El 45,3% de los desplazamientos al trabajo en Madrid se realiza en transporte público, mientras que en el conjunto de la Comunidad este porcentaje es del 33,2%.

El estudio expresa sus "dudas sobre la efectividad de las medidas" y pone negro el foco sobre su carácter discriminatorio, ya que se centran sobre "población trabajadora" que presta sus servicios "en zonas de rentas más altas".

Pese a ser el principal motor de la movilidad, la actividad laboral no se detiene y los vagones de metro siguen llenos de gente a la que solo se le permite cruzar la ciudad para trabajar, lo que unido al desconcierto institucional crea un coctel peligroso a nivel sanitario y social.

FUENTE SPUTNIK