Los cuatro consejeros argentinos de la Entidad Binacional Yacyretá (izq.) que cobraron 1,5 millones de dólares cada uno al dejar el cargo en la entidad.

Consejeros paraguayos de la EBY, de la época del director Enrique Cáceres Rojas (durante la era Federico Franco) están en la mira. Se investiga si cobraron un resarcimiento "por renuncia o fin de mandato" de US$ 1,5 millones tal como lo hicieron sus pares argentinos en el año 2012. La actual consejera de la entidad, Sheila Abed, confirmó que anularon la resolución y prohibieron seguir con la maniobra.

De acuerdo a una publicación del diario “Misiones Cuatro”, los consejeros argentinos Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti, Jorge Antonio Romero y Raúl María Noceti cobraron la friolera suma de 4 millones de pesos cada uno, lo que equivale a unos US$ 1,5 millones. Esto se produjo al retirarse del cargo en diciembre de 2015.

Según la investigación, la resolución de beneficiar con el colosal monto de dinero se funda en una resolución de resarcimiento por renuncia o fin de mandato que se concretó en el 2012, cuando Óscar Thomas fue director de la EBY por Argentina, y Enrique Cáceres Rojas por Paraguay.

Conforme con las explicaciones de la consejera de la EBY, Sheila Abed, supuestamente esos pagos se concretaron con el aval de representantes paraguayos de esa época. Se investiga si funcionarios paraguayos también cobraron el dinero.

Los representantes compatriotas Guillermo López Flores, Juan M. Benítez Florentín (fallecido), Guido Reckziegel y Rubén Ocampos autorizaron el desembolso a los consejeros argentinos.

Por ahora, se analiza un encuentro entre los consejeros para revisar los argumentos jurídicos que sirvieron para facilitar los colosales pagos. Para ello, recaudarán la mayor cantidad de documentación, según Abed, quien indicó que esa resolución ya fue anulada este año por tratarse de una "aberración jurídica".

Pesquisa en la Argentina

Humberto Schiavoni, director argentino de la EBY, dijo que se analiza la posibilidad de remitir los antecedentes a la Procuradoría General de Justicia y a la Oficina Anticorrupción del Gobierno para investigar a los cuatro consejeros que cobraron el dinero.