Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Durante una sesión extraordinaria cumplida este viernes, con 41 a favor, la Cámara de Diputados aprobó la versión Senado del proyecto de Ley “Que establece medidas de impulso a la inversión a través de obras públicas, en el marco del Plan de Recuperación Económica por los efectos causados por la Pandemia del Covid-19”.

La propuesta aprobada en el Senado, en principio, destinaba USD 57 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero tras un acuerdo firmado por autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y representantes de organizaciones campesinas e indígenas, se decidió direccionar unos USD 25 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Esta entidad, a su vez, debería canalizar estos recursos a la agricultura familiar campesina, como medida de ayuda urgente.

Sin embargo, en una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, días atrás, el documento tuvo importantes modificaciones, como solo establecer la emisión de bonos por un monto de hasta USD 25.000.000, lo cual iría, exclusivamente, al sector productor, dejando de lado los USD. 32.000.000 para el MOPC.

Otra modificación fue la supresión de transferencia directa a los productores campesinos y la reasignación para la compra de insumos e implementos agrícolas, kits de alimentos, compra de animales, construcción de pozos artesianos, adquisición de maquinarias, compra de tierras, entre otros.

En su vuelta al Senado, el documento fue ratificado, por lo que en esta sesión de la Cámara de Diputados se tenía que tomar la decisión de aceptar esa versión del proyecto o ratificar la postura de la Cámara Baja.

NO SE REGALARÁ DINERO A LOS CAMPESINOS

El diputado Eusebio Alvarenga acompañó la versión Senado de la normativa al expresar que no se limita a 5.000 campesinos, sino que se está hablando de miles de familias que están expectantes a la decisión del Congreso.

“Estamos alargando demasiado el tema, tratándose de recursos para reactivar un sector tan importante de la población, para potenciar la agricultura familiar campesina”, manifestó.

En la misma línea, el legislador liberal Celso Kennedy añadió que el problema no son los agricultores, ni la falta de organización, sino las políticas públicas del gobierno nacional.

“Estamos embretados a asumir una decisión, solamente, pensando en el país, en el bienestar general, no culpándoles a los que en realidad no tienen poder de decisión. Vuelvo a recalcar, esta no es una oportunidad para discutir si los campesinos tienen razón en las reivindicaciones que solicitan, o no, sino para discutir la realidad que están viviendo”, expresó el caaguaceño.

En tanto que el colorado guaireño Ever Noguera, también respaldó el proyecto remitido por el Senado y señaló que toda su bancada está de acuerdo con apoyar la transparencia y cuidar los recursos del Estado.

“Hay que tener en cuenta que se habló mucho de que se va a regalar dinero a campesinos. Acá no existe ningún subsidio, ninguna transferencia de dinero para el uso de agricultores. Este es un plan para que el pequeño productor tenga la asistencia del Estado y para que haya un poco de auxilio; que este fin de año y el comienzo del nuevo año, puedan recibir proyectos productivos de asistencia”, sentenció el imputado.

Comentó, posteriormente, que en los proyectos productivos se entregan aves para criar, herramientas para producir, y no dinero en efectivo. “Esto es para los pequeños productores, está consignado para los más vulnerables del sector productivo”, aseguró.

ASISTENCIAS NO HAN DADO SOLUCIONES

En contrapartida, el titular de la Comisión de Presupuesto, diputado colorado Tadeo Rojas abogó por la ratificación de la Cámara de Diputados en este punto. Dijo que hace falta una mayor presencia del Estado en el sector de la agricultura y que los organismos responsables deben trabajar más de cerca con los agricultores.

Sobre los conflictos desatados en el microcentro asunceno, durante las jornadas de reclamo de los campesinos, reclamó que los organismos de seguridad deben ejercer su rol de garantizar la circulación de aquellos que tienen la intención de llegar a sus lugares de trabajo.

“Somos sensibles con las necesidades de la gente. Acá no hay ningún capricho, ni tampoco existe una actitud en contra de los sectores que hoy se manifiestan, más allá de la crisis que acarrean a muchos compatriotas de la capital”, resaltó.

El legislador afirmó que en este tipo de manifestaciones “son los mismos reclamos y los mismos procedimientos”, lo que significa que este mecanismo de asistencia no ha acarreado ningún tipo de soluciones.

Posteriormente, intervino el diputado Basilio Núñez, quien tajantemente preguntó: “¿Para la campaña política de quién van a ser estos 25 millones de dólares; o los 57 millones de dólares?”.

Criticó que el Gobierno no tenga una actitud de firmeza ante, lo que considera, son “chantajes y extorsión por parte de supuestos campesinos agavillados en dos coordinadoras”.

Acusó a los líderes de esos sectores de que tienen la intención de robar en nombre de los campesinos y en nombre de los pueblos indígenas.

AJUSTADA VOTACIÓN

Varios legisladores más expusieron sus posturas durante el tratamiento del proyecto de Ley.

Finalmente, se llevó a cabo una votación nominal que arrojó el resultado de 41 votos a favor de la versión Cámara de Senadores, con lo cual esta normativa fue sancionada y remitida al Poder Ejecutivo.