Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El agente fiscal Rodolfo Hiram Colman, de la Fiscalía Zonal de la Ciudad de Carapeguá, formuló imputación contra Alcides Sosa Báez, intendente de Acahay, quien sería responsable en la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal,  producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y abuso de documentos de identidad.

Según las pesquisas, los hechos de corrupción ocurrieron en la Municipalidad de Acahay, entre los años 2016 y 2020, y resultaron víctimas, los denunciantes Melquiades Ayala, Aldo Ayala y Rubén Benítez. El representante del Ministerio Público requirió la medida cautelar de prisión preventiva para el intendente de Acahay.

La imputación tiene sustento en varios allanamientos simultáneos en la Municipalidad de Acahay, en la casa de Eduardo Espínola, y asimismo en la vivienda del intendente Sosa, lo cual derivó en la incautación de diversos documentos, computadoras portátiles, entre otros.

Sosa Baéz, en lugar de proteger los intereses de la comuna en su rol de autoridad, habría configurado un esquema para delinquir junto a su funcionario Vicente Torres, Administrador Financiero y Tesorero, Myrian Martínes de Espínola, consultora contratada y esposa del otro presunto implicado, Eduardo Espínola, quienes en conjunto habrían utilizado la identidad de los denunciantes para la creación de empresas, de manera a desviar fondos y obtener beneficios patrimoniales ilícitos.

La denuncia fue realizada por Melquiades y Aldo Ayala, el miércoles 18 de noviembre, alegando que Eduardo Espínola (quien está imputado en la presente causa), había realizado un trabajo de contabilidad para los denunciantes, y que en el año 2016, ambos en vista de que no contaban con réditos en sus negocios, decidieron cerrar, por lo que solicitaron a Espínola que realice las gestiones pertinentes para dar de baja todas sus documentaciones contables.

No obstante, en julio del 2020, Melquiades Ayala, quien era beneficiario de la ayuda que brinda el estado, denominado cobro por tercera edad, se acercó como para cobrar en dicho contexto, sin embargo no pudo hacerlo, lo que llamó su atención y realizó averiguaciones para saber el motivo por el cual le habían cancelado.

Tras ello, tuvo conocimiento de que el mismo era considerado proveedor del Estado, y que su empresa supuestamente generaba grandes ganancias. En ese orden de cosas, Aldo Ayala, revisó el estado de su negocio, y también pudo corroborar que nunca fue cancelada su contabilidad y que producía grandes ingresos. Ambos denunciantes manifestaron que accedieron a documentos referentes a la denuncia a través del portal de transparencia, y que se pudieron percatar de que las transacciones realizadas por sus empresas, que no existen, eran con la Municipalidad de Acahay.

Igualmente, Rubén Benítez presentó denuncia por lo mismo, denunciando a Eduardo Espínola, expresando además que se desempeñó como chofer del mismo, mediante lo cual pudo observar reuniones de Espínola con otros implicados en el caso, entre ellos, el ahora procesado Alcides Sosa, cuya casa era visitada por Espínola, quien salía de allí con cheques de dinero.