Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El senador del Partido Hagamos, Patrick Kemper, anunció que elevaran un pedido formal para que la Comisión Permanente del Congreso Nacional convoque al ministro jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, quien fue el que llevó adelante la reunión con los emisarios designados por Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente interino de Venezuela por varios gobiernos. 

"Creemos necesario que se aclare todo lo concerniente al supuesto intento de acuerdo sobre la deuda entre Petropar y PDVSA. Por ello elevamos un pedido formal de convocatoria ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional a Juan Ernesto Villamayor jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, a quien se menciona en los hechos que son de público conocimiento a partir de la nota del Washington Post", refirió en senador. 

Por otro lado, los senadores del Frente Guasu ya hablan de que hay presupuestos para un juicio político del presidente Mario Abdo Benítez, atendiendo a que el acuerdo, que según Villamayor entregó Venezuela (de Guaidó), establecía una comisión de USD 26 millones para un abogado argentino que iba a actuar de intermediario entre gobiernos. El abogado Sebastián Vidal, además es representante de una de la empresas de Carlos Abdo, el millonario empresario paraguayo radicado en Argentina y que es familiar de Marito. 

"Le desafío a los Cartistas, y en particular al Senador Godoy, impulsar el JUICIO POLITICO al Presidente Mario Abdo Benítez por los hechos públicamente conocidos. La vez anterior, la traición a la patria con el Acta secreta, ustedes le salvaron e hicieron acuerdos de conveniencia", dijo Jorge Querey. 

En tanto que el senador Sixto Pereira aseguró que Abdo debe ser objeto de un juicio político por haber intentado realizar un negociado con el presidente "trucho" de Venezuela. 

EL CASO

Una investigación periodística de The Washington Post reveló algunas irregularidades administrativas que el Gobierno Interino de Venezuela, con Juan Guaidó a la cabeza, realizó para poder recolectar activos venezolanos en el extranjero. 

Jorge Reyes y Pedro Antar, hombres de la oposicón venezolana, dijeron al diario de Estados Unidos que se habían identificado USD 40 mil millones en activos del gobierno venezolano y que estaban incluidas acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas casas y deudas no cobradas, vinculadas a la empresa estatal Petroleos de Venezuela SA (PVDSA).

Reyes confensó que el el mismo GUaidó quien llamó en abril de 2019 para expresar interés, y de desarrollaron más de doce reuniones  con altos miembros de la oposición,  respaldada por más de 60 gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos y Pargauay.

Durante una reunión en diciembre de 2019 en Doral, Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía (entregada a The Washington Post), con una lista de demandas "impactantes".

"Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de $ 750,000 a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó", refiere la publicación. 

“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: '¿El presidente Guaidó sabe de esto?' Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión. . . . O pagamos o no obtuvimos el contrato ".

APARECE PARAGUAY

En el 2019 el gobierno de Nicolás Maduro, ante el apoyo internacional que Abdo dio a Guaidó, reclamó al Paraguay una deuda de US$ 340 millones por provisión de combustible de PDVSA a Petroleos Paraguayos (Petropar). 

El Comisionado Presidencial para Gestión y Recuperación de Activos, Javier Troconis, habría contratado servicios de un abogado argentino identificado como Sebastián Vidal, para negocial con el Gobierno de Mario Abdo la deuda paraguaya con PDVSA. 

"Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela", dice la publicación. 

La ex presidenta de Petropar, Patricia Samudio, había dicho en el 2019 que Paraguay reconnoce la deuda de USD 280 millones.

Además, el acuerdo pretendía ortorgar una comisión de USD 26 millones al abogado argentino, que se reunió con los referentes del Gabinete de Abdo. 

José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, dijo que advirtió a altos funcionarios del gobierno de Guaidó "repetidamente" que Troconis estaba actuando más allá de su autoridad (tenía la intención de identificar los activos del gobierno, pero no buscar personalmente su recuperación) cuando intentó negociar el trato con Paraguay en 2019, menciona la publiación. 

Juan Ernesto Villamayor declaró al medio estadounidense que Guaidó le pidió al gobierno paraguayo en marzo que enviara la propuesta a Hernández para su revisión. 

Por su parte Hernández dijo que recibió el contrato en marzo y les dijo a nuestros gobernantes que no era legalmente válido el contrato/acuerdo y que no sería aceptado. Hernández renunció como fiscal general de Guaidó poco tiempo después.

Y sobre el "enviado", el jefe de Gabinete de la Presidencia aseguró que Vidal se presentó como “un representante de PDVSA".

RESPUESTA

Por su parte, 

jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, explicó que efectivamente hubo un planteamiento por parte del gobierno de Juan Guaidó para negociar la deuda que mantiene Paraguay con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero aclaró que eso no prosperó debido a que los representantes con quienes se reunió no tenían la legitimación activa para encarar el proceso.

En primer término, Villamayor confirmó que mantuvo un encuentro con Sebastián Vidal representante de la petrolera venezolana y Javier Troconis, quien fue designado por el gobierno de Juan Guaidó como comisionado de los activos venezolanos en el extranjero.

Al respecto, mencionó que en noviembre del 2019 recibió una nota enviada por Juan Guaidó al presidente Mario Abdo Benítez (con fecha de octubre del 2019), donde se comunicaba sobre la designación de Javier Troconis.

Siguió comentando que a pedido de Vidal mantuvo una reunión con Troconis, ocasión en la que le expusieron sobre un posible acuerdo que incluye el reconocimiento del reclamo paraguayo (Paraguay no acepta pagar ningún tipo de interés de la deuda de PDVSA y no acepta haber sido llevado a proceso arbitral por parte del gobierno venezolano), además de un quita del 50 por ciento del capital.

“Le señalo la dificultad a Troconis como a Vidal, que no tenían la calidad de acreedores, ya que en Venezuela hay un gobierno que Paraguay reconoce, que es el señor Guaidó, y otra administración que está físicamente en el territorio que es la del señor Nicolás Maduro. Recordemos que Paraguay ha sido demandado por PDVSA- Maduro, por eso tenés que tener lo que en derecho se llama legitimación activa, ellos no tiene la respuesta (sobre si son acreedores)”, explicó este martes en comunicación con la radioemisora 730 AM.

El jefe de Gabinete señaló de manera enfática que por más ventajosa que era la propuesta, la misma no podía prosperar porque ambos representantes carecían de la “legitimación activa” y por ello finalmente no prosperó.

Al respecto remarcó que el planteamiento quedó solo en lo expuesto inicialmente y que nunca más se volvió a conversar sobre el tema, atendiendo a que los enviados de Guaidó no tenían la figura de legitimidad que se requería para el efecto. “Nunca hubo un acuerdo, quedó ahí en esa charla”, subrayó.

Respecto a la publicación del periódico norteamericano The Washington Post, comentó que el artículo se centra en analizar la conducta de Troconis en la recuperación de los activos de Venezuela y entre ellos los de Paraguay con la petrolera venezolana.

Para el alto funcionario estatal la audiencia no obedece a ningún hecho de irregularidad, teniendo en cuenta que se hizo una propuesta que finalmente quedó solo en eso.

“No conozco ninguna maniobra irregular en torno a este tema, si ellos le pagan mucho o poco a sus abogados, es su problema. Si les conviene hacernos o no una quita del 50 por ciento es su problema”, refirió.

Juan Ernesto Villamayor remarcó que no se puede hablar de irregularidad, atendiendo a que el acuerdo no se concretó por lo expuesto anteriormente. Sostuvo que la deuda paraguaya con Venezuela está en torno a los 290 millones de dólares, incluido los intereses, que “es la parte que está en discusión”, recordó.

En conferencia de prensa posterior en Palacio de Gobierno añadió que en el borrador del proyecto se establece que todos los gastos causídicos que correspondan al trabajo de los profesionales serían íntegramente pagados por PDVSA.

En segundo lugar, que los intereses, que el Estado paraguayo desconoce no debe pagar y en tercer lugar, un 50 por ciento de la quita del capital de la deuda, es decir que el Estado debía pagar unos 130 millones de dólares para dar por concluido el distracto entre Petropar y la petrolera estatal venezolana.

“Nosotros no podemos buenamente aceptar, incluso los términos que por demás son beneficiosos de la oferta, no podemos garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria porque existe un diferendo entre la autoridad del presidente Guaidó y el ejercicio territorial de Maduro”, reiteró.

En ese contexto señaló igualmente que “eso fue presentación, debut y despedida, nunca más se tocó este tema y quedó como una charla, con un obstáculo insalvable porque mientras ese tema no se resuelva no se puede avanzar en ningún tipo de acuerdo”.

En julio del 2016, la petrolera estatal venezolana presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, por la deuda que contrajo Petróleos del Paraguay (Petropar).

Desde ese año ambos países están envueltos en el proceso arbitral, ya que Venezuela reclama unos 290 millones de dólares, en tanto que Paraguay reconoce una suma inferior, es decir unos 260 millones de dólares.

Con información de IP, The Washington Post, Globo Visión y medios locales