Las quejas y cuestionamientos contra el Poder Judicial son permanentes de parte de organizaciones sociales y civiles, específicamente a raíz de la mora y el generalizado clima de corrupción entre magistrados y funcionarios.

De acuerdo a la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, en los últimos seis meses del 2015, se detectaron 1.296 suspensiones de audiencias por diferentes motivos.

El informe de la Corte Suprema consigna que en algunos juzgados las suspensiones alcanzaron hasta un 30 por ciento y en otros hasta un 60 por ciento. “Esta situación ha sido motivo de preocupación, pues es ahí donde se genera la recarga de trabajo del juzgado y la consiguiente dilación en los procesos penales durante la etapa de garantías”, indicó el director de Auditoría de Gestión Judicial, Mario Elizeche.

Los motivos de suspensión de las audiencias varían entre la falta de notificación, el pedido de suspensión o la incomparecencia, ya sea de la fiscalía o del defensor público, así como del defensor privado o del juez de la causa. A estos se suman, los feriados nacionales, los cortes de energía eléctrica, huelgas, renuncia de mandato, enfermedad o ausencia de las partes, entre otros motivos.

De las 1.296 audiencias suspendidas, el 6,66 por ciento son por causas imputables a los juzgados, 25 por ciento al Ministerio Público, un 20,21 por ciento a la defensa privada, y un 6.4 por ciento es imputable a la defensa pública, mientras a la incomparecencia de los acusados se le imputa en un 17.2 por ciento.

Ante esto, por iniciativa de la máxima instancia judicial, se creó una base de datos donde quedarán registradas todas las audiencias que se realizarán durante el 2016, teniendo en cuenta los 13 juzgados de garantías de capital, en los juzgados especializados en Delitos Económicos y en los dos juzgados penales de la Adolescencia.

La excesiva mora judicial es uno de los más graves problemas junto a la corrupción de los magistrados y funcionarios en general, que provocan el absoluto rechazo ciudadano a la gestión del citado Poder del Estado.