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La cifra toma en cuenta los 6.500 testimonios ya recogidos por la Comisión, pero también las víctimas fallecidas y quienes no desean hablar. Para afinar esta cifra, la Comisión solicitó al Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas (Inserm) que investigue el número de casos de abuso sexual en la población general. Al mismo tiempo, la Comisión se desplazó a un tercio de las diócesis para revisar los archivos.

El trabajo llevó mucho tiempo, desde que esta Comisión fue creada por el episcopado en 2018. El informe final se entregará en octubre, con recomendaciones, en particular sobre la indemnización a las víctimas.

Por su parte, la Conferencia de Obispos de Francia está tratando de avanzar más rápidamente y tomará decisiones sobre una posible indemnización ya en su próxima asamblea, prevista para finales de marzo, sin esperar las conclusiones del informe.

En noviembre de 2019, tres cuartas partes de los obispos votó ya en favor de una indemnización fijada de antemano, pero su puesta en marcha concreta parece delicada.

Desde entonces, las diócesis han visto reducir sus ingresos a causa de la crisis de la covid-19, que ha mantenido cerrados los templos y, por consiguiente, las limosnas de los fieles.

Además, muchos clérigos han visto cómo los católicos muestran su descontento con el hecho de que sus aportaciones sirvan para pagar los daños creados por algunos clérigos.

Aún así, algunas asociaciones, incluso de dentro de la iglesia, creen que las cifras no reflejan la realidad de los abusos que se cometieron de forma impune durante años.

En paralelo, la Iglesia francesa sigue publicando de forma regular informes sobre la pederastia, el último sobre el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020, dos años en los que se han registrado 320 víctimas de abusos en 80 de las 100 diócesis en las que está dividido el país.

De esos casos, 67 han sido llevados por los obispos a la Fiscalía por hechos anteriores a 2000 y 43 por hechos posteriores a ese año.

De los 208 presuntos agresores que siguen vivos, 191 han sido identificados por víctimas, 8 están encausados por la justicia, 5 encarcelados o con medidas de seguimiento como brazaletes electrónicos y 4 han sido puestos en libertad tras haber purgado sus penas.

En ese mismo periodo, según el informe, 57 clérigos han sido provisionalmente suspendidos y 13 condenados a penas canónicas, incluida su expulsión del clero.

La idea generalizada en el seno de la Conferencia Episcopal francesa, mostrada por su presidente, Éric de Moulins-Beaufort, es que la mayor parte de los abusos remontan a las décadas de 1970 y 1980, con muchas de las víctimas que, ahora, rompen el silencio.

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