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Se trata de la medida cautelar más severa. Los fiscales firmantes, Harold Jaramillo, Rudy Terrazas y Omar Mejillones, indicaron que pidieron tal período en la cárcel de Obrajes de La Paz por el presunto riesgo de obstaculización del proceso y peligro de fuga, bajo el argumento de que Áñez fue detenida cuando estaba “lista para abandonar presumiblemente el país o permanecer en otro lugar para no ser aprehendida”.

La prisión preventiva de seis meses también fue solicitada para los ex ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes serían recluidos en la penitenciaría de San Pedro.

Entre el domingo y el lunes se realizaría la audiencia de forma virtual que definirá si las ex autoridades afrontan el proceso en libertad o bajo detención. “Se busca que se defiendan en libertad porque la detención preventiva es de última ratio (última razón) en el proceso penal vigente. Están dispuestos a asumir su defensa y están conscientes de su inocencia, por eso ellos se encuentran con relativa tranquilidad”, explicó el abogado defensor Jhon Riveros, según publicó El Deber.

Áñez tuvo una audiencia de declaración el sábado, pero se acogió al derecho de silencio y permanece en un cuartel policial. No obstante, pidió a la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que envíen observadores para que supervisen el proceso y vigilen la imparcialidad e independencia de la justicia.

La ONU ya ha pedido que se salvaguarde el “debido proceso”.

El caso conocido como “golpe de Estado” fue interpuesto en 2020 por una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y pesan órdenes de aprehensión para otros exministros de Áñez y excomandantes de la Policía.

Áñez cuestionó que se la juzgue por la vía ordinaria, además calificó de “abusiva” su detención y que el MAS del también expresidente Evo Morales (2006-2019) y de Arce están detrás de este proceso. De la misma manera, la oposición boliviana manifestó que se trata de una “persecución política” y repudiaron el actuar en contra de la expresidenta, mientras que el oficialismo indica que se está haciendo “justicia” con sus detenciones por los muertos, heridos y detenidos en la crisis de 2019.

Los comités cívicos de varias regiones bolivianas se declararon en emergencia por la aprehensión de estas exautoridades, mientras que familiares de víctimas en 2019 y otros sectores hacen vigilia en las puertas de la Felcc donde se encuentra detenida Áñez.

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