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El Colegio de Abogados de Brasil pidió este miércoles a la Fiscalía General que inicie una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por supuestos “crímenes contra la salud pública” cometidos en el combate a la pandemia de COVID-19.

En un documento dirigido al fiscal general, Augusto Aras, se solicita que se determine si el mandatario incurrió en los presuntos delitos de “poner en peligro la vida o la salud de otros”, “uso irregular de dinero público”, “prevaricación” e “infracción sanitaria”.

Según la petición, todos esos casos suponen “crímenes contra la salud pública” que deben ser investigados, una potestad que en el caso del Presidente de la República las leyes brasileñas le reservan a la Fiscalía General.

En el caso del “peligro para la vida o salud del otro”, en el documento se citan la promoción hecha por Bolsonaro de medicinas sin eficacia comprobada contra el coronavirus, como la cloroquina, y la crisis sufrida por el estado Amazonas en enero pasado, cuando la falta de oxígeno en los hospitales causó decenas de muertes.

El “uso irregular de dinero público” se refiere a los cerca de 100 millones de reales (unos 18 millones de dólares) invertidos por el Gobierno en la producción de cloroquina, pese a que la ciencia duda de sus efectos contra el COVID-19. El supuesto delito de “prevaricación”, según los abogados, se refiere a los atrasos en la compra de vacunas, que atribuye a la desconfianza inicial de Bolsonaro en los antídotos, que ahora defiende pero que en algún momento calificó de “experimentales”.

El cuarto delito en que podría haber incurrido el mandatario se tipifica como “infracción sanitaria” y, de acuerdo al documento, fue cometido con las continuas apariciones públicas de Bolsonaro sin mascarilla y sus convocatorias a actos con sus seguidores, que provocaron “aglomeraciones”.

Este pedido de investigación se suma a otro ya en curso contra el general Eduardo Pazuello, quien fue ministro de Salud entre mayo de 2020 y el lunes pasado y ha sido acusado de “omisiones” y “falta de transparencia” en el combate a la pandemia.

En ese sentido, los abogados señalaron que “los ministerios son directamente subordinados al Presidente de la República”, por lo que “es incuestionable que la gestión criminal de la salud le debe ser imputada al presidente, pues es él quien establece las políticas”.

Pazuello fue sustituido por el cardiólogo Marcelo Queiroga el pasado lunes en medio de la peor fase de la pandemia, que ya ha dejado en Brasil poco más de 300.000 muertos y 12,2 millones de casos. El general, debido a los fueros que le garantizaba su cargo de ministro, sería investigado por la Fiscalía General, pero una vez fuera del Gobierno el caso pasará a manos de la justicia común. Fuente: Infobae