Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El Poder Judicial tiene la obligación de rever grosero prevaricato en caso que mantiene irregularmente presos a jóvenes paraguayos, menciona el comunicado del Frente Guasu. 

Además, agrega que "el Paraguay vive hoy momentos dramáticos: Además de toda la crisis sanitaria, económica y social, producto de un gobierno colorado corrupto e inepto, que continúa aferrado al poder, existe una clara intención de criminalizar cualquier expresión que exija cambios y se manifieste en contra de sus políticas". 

El texto agrega que "en total contravención a los principios procesales más básicos del derecho, y sin ningún fundamento válido, la jueza colorada, Hilde Benítez Vallejo resolvió días atrás la prisión preventiva de los jóvenes estudiantes Vivían Genes, Pedro Areco, y Luis Trinidad, acusados de estar vinculados a la quema de parte del local de la ANR, en el marco de las protestas producto de la indignación, ante la corrupción y abusos del gobierno colorado de Abdo Benítez, y que tuvieron lugar días atrás."

Para los de izquierda, los elementos arrojados hasta el momento por el fiscal cartista Lorenzo Lezcano, resultan absolutamente insuficientes, tanto para probar cualquier elemento contundente en la imputación que sostiene, y más aún para solicitar la prisión preventiva de estos jóvenes.

Los abogados defensores de los tres jóvenes presentaron una apelación ante este fallo, y ahora un tribunal compuesto por los jueces Gustavo Santander Dans, Gustavo Ocampos Gonzalez y Pedro Mayor Martínez tiene la obligación de corregir este aberración jurídica.

"Es a todas luces que este caso tiene un cariz abiertamente político. Demuestra una vez más que los órganos fiscales y judiciales de nuestro país se encuentran bajo un casi todo control del Cartismo y el Abdismo. Nuestro país es visto hoy ante toda la comunidad internacional como un Estado que se encuentra totalmente corroído por la corrupción y la impunidad", según afirma el Frente Guasu. 

Por último, y ante toda esta situación, el movimiento hace un llamado a toda la sociedad paraguaya, como a la comunidad internacional y organismos internacionales a seguir atentamente la situación que vive nuestro país, y específicamente este caso, que evidencia a todas luces que nuestro país tiene órganos fiscales y judiciales que funcionan como guardaespaldas de la mafia, y de un Poder Ejecutivo corrompido, y que en la actualidad es responsable de la grave crisis, sanitaria, económica y social que está exponiendo la vida de miles de compatriotas.