El expresidente del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, cuya candidatura podría estar en peligro tras el escándalo en Petrobras.

Luiz Inácio Lula da Silva podría ver impedida su aspiración de presentarse nuevamente como candidato presidencial en 2018 si finalmente es blanco de una acción civil por conducta impropia de funcionario público en la Operación Lava Jato, que tiene como uno de los castigos la prohibición de disputar elecciones.

El dos veces mandatario brasileño entre 2003 y 2010 podría ser acusado en este proceso en caso de que se compruebe que las empresas contratistas involucradas en el esquema de corrupción de Petrobras pagaron los costos de las obras de una finca cuya propiedad se le atribuye en el municipio de Atibaia, ubicado en el estado de San Pablo.

Estas refacciones habrían sido abonadas a finales de 2010, cuando Lula todavía era jefe de Estado, lo que representa un beneficio ilegal.

Dentro de Lava Jato, ya están en curso cinco acciones por conducta impropia de funcionario público, con pedidos para que se decrete la inegibilidad en cargos públicos por hasta 10 años contra los acusados, según publica el periódico Folha de Sao Paulo.

Algunos integrantes del Ministerio Público Federal brasileño ya están considerando la posibilidad de que Lula sea blanco de una causa de este tipo, en el ámbito de la 24.ª fase de la Operación Lava Jato, en la cual son investigados supuestos actos de corrupción y lavado de dinero ligados a propiedades rurales.

En sus declaraciones, la defensa y los aliados de Lula han buscado desvincular las situaciones relativas al lugar cuestionado en el período en el cual el ex presidente del gigante sudamericano ejerció su mandato.

Dentro de su pedido al Supremo Tribunal Federal, los abogados de Lula alegarán que el inmueble en la mira fue comprado por amigos en octubre de 2010 para uso compartido con la familia del político, pero que este último recién se enteró de la adquisición en enero de 2011 cuando ya no era la máxima autoridad política de Brasil.