Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Distintos colectivos económicamente activos tienen sus propios reclamos y a estos se suman el gran rechazo nacional a una reforma a la salud y el pedido a una reforma a la Policía, tras denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Las voces de reprobación aumentan.

¿Qué viene en Colombia tras el retiro de la reforma tributaria? En las últimas horas se confirmó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor del criticado plan, una de las exigencias de los manifestantes.

Su dimisión de produce un día después de que el presidente Iván Duque ordenara el retiro de la reforma tributaria que buscaba recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares básicamente a partir de un considerable aumento en el pago de impuestos para la clase media y baja, en momentos críticos por la pandemia del Covid-19. El mandatario propuso en cambio formular una nueva iniciativa de ley producto de “consensos”, y aunque asegura que desestima encarecer el costo de vida, a diferencia de la propuesta inicial, no desiste de un proyecto fiscal, a su parecer necesario.

Pero los desacuerdos hacia la Administración del presidente Iván Duque son múltiples, por lo que las protestas y bloqueos de carreteras en algunas zonas del país continuaron por sexto día consecutivo y no están próximas a cesar.

Agrupaciones de la Minga Indígena extienden sus marchas por distintas ciudades. Aunque inicialmente comenzaron las movilizaciones contra el retirado proyecto fiscal, este lunes anunciaron que su protesta es indefinida.

Se manifiestan contra un proyecto sobre reforma de la salud, exigen el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz de 2016, rechazan las políticas de militarización y mantienen su postura contra el fracking y las fumigaciones con glifosato, que el Gobierno busca reanudar.

“Los pueblos agrupados en el Consejo Regional Indígena del Huila- Crihu, hacemos el llamado al pueblo colombiano a continuar la manifestación. Por tal razón, como movimiento indígena anunciamos que el paro Nacional es indefinido”, expresó Jesús Armando Perdomo; vicepresidente del Crihu.

TRAS REPRESIÓN PIDEN UNA REFORMA POLICIAL

En ciudades como Bogotá, la capital, las protestas contra la violencia policial también se mantienen. Desde que las protestas comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional, según la Defensoría del Pueblo, al menos 16 personas murieron y 254 civiles y 457 policías resultaron heridos. Sin embargo, otras fuentes señalan que esas cifras se quedan cortas.

Desde la muerte de al menos 13 personas por disparos de las autoridades durante las protestas antigubernamentales el pasado septiembre, los manifestantes exigen una reforma a este cuerpo que incluya el desmantelamiento del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a quienes protestan.

A diferencia de otros países, en Colombia la Policía forma parte del Ministerio de Defensa y es señalada de tener un entrenamiento con un enfoque para luchar contra el conflicto armado, concretamente contra las guerrillas, con las que ha combatido a lo largo de su historia.

Cientos de ciudadanos han pedido que sean tratados por la fuerza pública como civiles y no subersivos y que los responsables de esta institución que incurran en algún abuso sean sancionados de manera imparcial.

Esta exigencia se ha avivado con los últimos casos de presunto abuso policial.

REFORMA DE SALUD

Es otro proyecto indispensable para el Gobierno, que hasta el momento ha avanzado de forma silenciosa, mientras la mayor parte del rechazo se concentraba en la iniciativa fiscal.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, este plan busca brindar mejores condiciones a los trabajadores médicos y prevenir futuras crisis, como la actual pandemia. “El proyecto se centra en mejorar la calidad y acceso de los servicios, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad”, afirma esta cartera.

Uno de los principales puntos que contempla es la regionalización del sistema para llegar a zonas más apartadas, pero hay quienes advierten que para ello se le entregaría mayor poder a las EPS, y entonces, por el contrario, estas podrían centralizar sus capacidades solo en las grandes ciudades donde hay mayor inversión.

La reforma también estipula aumentar estándares de calidad para que haya menos compañías con mejor servicio. No obstante, para varios parlamentarios se podría consolidar un mayor monopolio, precisamente cuando la inversión de capital extranjero en el sector de la salud en Colombia ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Otro de los presuntos puntos nobles de la medida es prohibir la tercerización de los empleados de la salud. Según el Gobierno, para mejorar sus condiciones laborales, pero distintas asociaciones y algunos legisladores advierten que deja por fuera a los especialistas y que se establece un plazo de pago de 15 días que puede resultar riesgoso.

Sus críticos también indican que esta reforma no fue concertada con la ciudadanía, como afirma el Gobierno, y legisladores de la oposición, como el senador Jorge Enrique Robledo, han desmenuzado la iniciativa en varios puntos críticos.

Entre ellos, Robledo aseguró que el nuevo modelo sería similar al que se maneja en Estados Unidos, por lo que además de que los usuarios paguen EPS (Entidad Promotora de Salud) tendrían que pagar pólizas de seguro médico adicionales por patología y que, de no tenerlas, el paciente no sería atendido.

También afirmó que se acabaría el Hospital Cancerológico, que hoy atiende a las personas sin recursos económicos, para ceder la función a la nueva Clínica Oncológica Sarmiento Ángulo que sólo atendería a quienes puedan pagarlo.

Asimismo, señaló que se acabarían los programas de vacunación y salud de los municipios y departamentos, quedando en control y a criterio de las EPS y que las multinacionales podrán controlar la salud pública, poner precios y reglas del mercado.

RECLAMOS ECONÓMICOS

Este lunes, largas caravanas de camioneros bloquean las vías que conducen a otras partes del país, desde Bogotá, la capital, y en el departamento de Antioquia, entre otros. Entre sus reclamos están la reducción de peajes en las carreteras a nivel nacional y una disminución al costo del combustible. Aseguran que son peticiones que han venido haciendo desde hace varios meses, pero que aún no son atendidas.

En Cali, la tercera ciudad del país, alrededor de 300 transportadores de alimentos señalan que llevan seis días estancados con grandes pérdidas económicas, debido a los bloqueos de manifestantes para entrar y salir de la ciudad, mientras se agrava el desabastecimiento. Los transportistas esperan con incertidumbre poder seguir su camino. Sin embargo, estos trabajadores afirman que apoyan las manifestaciones.

“La culpa no es del pueblo, sino de este Gobierno. Los camioneros llevamos siempre del bulto por tantos peajes, por la gasolina cara, los impuestos y las vías en mal estado”, dijo a la radio local Alexander Escalante.

En Meta, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, sostuvo este lunes que dos hospitales del departamento se están quedando sin oxígeno para atender a pacientes críticos, ante las imposibilidades de trasladar este insumo vital.

Los camioneros no son el único gremio que reclama. En Medellín, otra de las principales ciudades colombianas, decenas de taxistas protestan en contra de las plataformas digitales. El proyecto de ley 003 permitiría que los vehículos particulares, presten el servicio de transporte público, lo cual aseguran les acarrearía una competencia en desigualdad de condiciones y grandes pérdidas económicas.

Las protestas no están próximas a terminar. El Comité Nacional de Paro, que organizó la huelga del pasado 28 de abril, convocó a nuevas manifestaciones para el próximo miércoles.

FUENTE FRANCE24 / con EFE y medios locales