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Se trata de un certificado gratuito, que será emitido en formato digital o físico y con la información al menos en el idioma del país emisor y en inglés, que armoniza los sistemas de cada Estado miembro y ofrece información básica sobre la situación médica de su titular con respecto al coronavirus, pero evita el intercambio de datos protegidos y garantiza la veracidad de la información recogida.

Su puesta en marcha en el conjunto de la Unión Europea está anunciada para el 1 de julio, aunque ya hay cerca de una decena de países que entregan certificados europeos a sus ciudadanos vacunados y el comisario de Justicia, Didier Reynders, instó el martes al resto a empezar a distribuirlos “desde ya” para evitar un “big bang” en julio si se produce una demanda excesiva o surgen problemas técnicos de última hora.

Los Veintisiete se comprometieron a no imponer “restricciones adicionales” a los viajeros que tengan este certificado, lo que supone que quedarán exentos de la obligación de cumplir cuarentenas o realizar un nuevo test a su llegada al destino del viaje.

Con todo, los gobiernos nacionales se reservaron el derecho a activar un “freno de emergencia” con el que poder reintroducir restricciones en casos de emergencia, por ejemplo si la persona viaja desde una zona de muy alta incidencia o en donde se detectaron nuevas variantes peligrosas.

En tal caso, el Estado miembro que decida reintroducir medidas deberá hacerlo de manera proporcionada y limitada, siguiendo los criterios científicos y los datos epidemiológicos del Centro europeo para la Prevención de Enfermedades (ECDC) y previa notificación a la Comisión Europea, a sus socios a la UE y a la ciudadanía.

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