2021-06-10 | 08:17
Poder JudicialFiscalía analiza convocar a una audiencia indagatoria a jueza Tania Irún
La fiscala Natalia Fúster explicó a medios de comunicación que “si nosotros convocamos a la jueza Tania Irún seerá en carácter de audiencia indagatoria para que la misma pueda hacer su descargo correspondiente en el marco de la presente denuncia” indicó.
Agrego “en la carpeta fisal aún no se tiene el descargo de la magistrada Irún por lo primero vamos a agotar algunas diligencias investigativas para luego citar a la citada jueza civil”. Asimismo la representante del Ministerio Público informó que se solicitó 27 informes a los Registros Publicos sobre las fincas en cuestión.
Del mismo modo se analiza convocar al exsuperintendente de la Corte Suprema de Justicia Mario Elizeche para que declare en calidad de testigos sobre los suuestos hechos denunciados.
Igualnente en el presente caso se tiene agregados a la carpeta fiscal varios informes entre ellas la del Ministerio de Defensa Nacional especificamente el de la Comisión Interinstitucional zona Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) donde se confirma que 22 inmuebles que se ordenó titular a favor de empresas extranjeras están completamente dentro de la franja de seguridad fronteriza.
Denuncia Penal
El abogado José Domingo Almada, en representación de Evaristo Fernández, presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público por violar la ley de soberanía y prevaricato (desconocimiento de la ley) contra la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún.
Los denunciantes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, al hacer lugar al referido juicio otorgando 310 mil hectáreas ubicadas en zonas fronterizas en el Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore.
El escrito de la denuncia señala que la resolución judicial firmada por la magistrada Irún viola expresamente la Ley 2.532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza “y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes”. El documento explica que dichas zonas son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.
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