Gentileza.

Bittar señalo “Nosotros ya solicitamos al Ministerio Público para que convoque a la jueza civil Tania Irún a una declaración indagatoria y acá el problema no es como dice la fiscala que no tiene todos los elementos para poder convocar a la magistrada, sino todo lo contrario, acá la representante del Ministerio Público tiene todos los elementos de sospecha para citarla a la jueza”.

Agrego “Ahora la agente fiscal remitió oficios al Registro Público para ver a nombre de quien está la propiedad pero no importa a nombre de quien está el inmueble cuando que lo que se está investigando es que el inmueble está o no dentro del área de seguridad fronteriza, entonces lo que Registro Público  va a informar a la agente fiscal es el dominio y la situación de esas propiedades”.

Añadió “el tema es ganar tiempo al solo efecto de no avanzar en la investigación porque la agente fiscal no se anima a no imputar sino que también no se anima a llamar a una indagatoria a la jueza Tania Irún, porque no se anima, desconozco sus motivos pero los elementos para fundamentar una imputación son elementos de sospechas y en la causa que está investigando Natalia Fúster hay suficientes elementos de sospechas con los oficios remitidos a la Cisocef más la declaración del director de la citada institución, más la pericia que tiene el Ministerio Público, más la resolución que firmó Tania Irún, son los elementos de sospechas para formular la imputación, pero reitero la fiscala Fúster no se anima ni siquiera se anima a llamar a indagatoria” manifestó el abogado Bittar.

Explicó que “verdaderamente el código estipula que una imputación no causa agravio y mucho menos le causaría agravios a la jueza Irún que se presente a ejercer su legítimo derecho a la defensa ante el Ministerio Público y para que esta institución también pueda escuchar a la parte y también pueda realizar actos investigativos” refirió.

Denuncia Penal

El abogado José Domingo Almada, en representación de Evaristo Fernández, presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público por violar la ley de soberanía y prevaricato (desconocimiento de la ley) contra la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún.

Los denunciantes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, al hacer lugar al referido juicio otorgando 310 mil hectáreas ubicadas en zonas fronterizas en el Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore.

El escrito de la denuncia señala que la resolución judicial firmada por la magistrada Irún viola expresamente la Ley 2.532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza “y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes”. El documento explica que dichas zonas son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.