Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suscribieron un convenio para la implementación y utilización del Certificado de Nacionalización Digital, que facilita la importación de vehículos y maquinarias agrícolas al país.

El convenio fue firmado por el titular de la DNA, Julio Fernández y el presidente de la CSJ, César Diesel, documento que consolidará además la implementación de la política de “papel cero” en el sector estatal. El sistema tras la firma de este acuerdo ya se encuentra operativo, informó la DNA.

Esta renovada herramienta electrónica economizará sustancialmente los procesos burocráticos para la nacionalización de vehículos y maquinarias para tareas de campo y la industria. La digitalización permitirá la aceleración de los trámites facilitando la tarea de los despachantes, aumentará la transparencia y permitirá el ahorro de recursos presupuestarios y uso de papel.

La misma también aumentará la productividad de los recursos humanos en Aduanas ya que con la digitalización se liberará de tareas a varios funcionarios que trabajaban en la tramitación de los documentos en papel, quienes reasignados a otras funciones.

“Esto realmente apunta a cumplir con la política de “Papel Cero” en la función pública, vamos a tener un ahorro millonario en papeles como asimismo contribuirá con la mejor utilización de los recursos humanos. Lo que antes se terminaba en varios días, ahora va a ser automático”, señaló el director de la DNA.

Enfatizó que esta nueva herramienta electrónica a ser aplicada dará mayor “transparencia y dinamismo” a la importación de vehículos, que actualmente asciende a aproximadamente 120.000 unidades por año. “Este es un paso fundamental que muestra que cuando dos instituciones, en este caso la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, interactúan con sus áreas tecnológicas y jurídicas, se pueden generar ahorros importantes y se pueden dar pasos hacia la modernización y la transparencia”, indicó.

El acuerdo establece el marco general de la cooperación interinstitucional entre las partes, a fin de propiciar el intercambio de conocimiento, información, datos, capacitación, investigación, prestación de servicios técnicos y profesionales, en general.

Estipula una cláusula especial, la cual tiene como finalidad el desarrollo, implementación y utilización del Certificado de Nacionalización Digital.

Puntualiza que la vigencia del acuerdo no supone transferencia de recursos económicos, ni pago de contraprestación alguna, con presupuesto institucional para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente documento.  IP