Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Cámara de Senadores aprobó este jueves la excepción para que docentes y trabajadores de salud puedan acceder a aumentos salariales, pero se ratificó en la distribución de recursos de la Ley de Consolidación Económica, por lo que volverá a la Cámara Baja.

La principal modificación introducida por Diputados fue aprobada en sesión extraordinaria este jueves. La misma corresponde a excluir a los docentes y trabajadores de la salud de la prohibición de aumento salarial previsto en el proyecto de ley.

También fue aprobada la continuidad del proceso de desprecarización del personal del Ministerio de Salud y de IPS, que el proyecto original suspendía.

Precisamente, uno de los puntos que más expectativas generó fue lo que establecía el artículo 4º, relacionado con el ajuste salarial para docentes y el personal de blanco.

El artículo 4º fue aprobado con 39 votos a favor y la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

En dicha propuesta fue modificado el inciso d) que suspende la implementación de la política de desprecarización laboral del personal contratado que realiza funciones en relación de dependencia, en la función pública, exceptuando, al personal dependiente del IPS y el personal de salud que presta servicios en organismos y entidades del Estado. Mientras que, en el inciso e) exceptúan a docentes y personal de blanco, de la prohibición de aumentos salariales.

Seguidamente, procedieron a debatir sobre el artículo 20º y a través del voto nominal que arrojó el resultado de 32 votos, por la ratificación de la versión inicial del Senado en los incisos b y c.

Con esta ratificación se mantiene en el inciso b) que se destine cinco millones de dólares para apoyo y asistencia de a ollas populares. En el inciso c) se destinará dos millones de dólares a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), para la adquisición de medicamentos e insumos médicos para el tratamiento de personas con diagnóstico de COVID-19.

Luego, consideraron el artículo 22 donde se establece que excepcionalmente y mientras dure la declaración de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) podrá financiar el “Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP)”. 

Con 35 votos a favor, la Cámara de Senadores, se ratificó en su sanción inicial en el artículo 22.

De igual manera, la Cámara de Senadores se ratificó en su sanción inicial en el artículo 23.

Posteriormente, consideraron el artículo 38, que autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar una porción, o el total, de los saldos no comprometidos de los contratos de préstamos que hayan sido aprobados por ley. La Cámara de Senadores, aceptó la modificación de la Cámara de Diputados, por el cual testó el citado artículo.

Lugo fue analizado el artículo 40 y con 26 votos a favor, la Cámara de Senadores, aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

En este artículo se establece la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, que será efectuada trimestralmente, debiendo remitir la documentación al Congreso y a la Contraloría General de la República. Asimismo, deberá remitir el detalle de las acciones presupuestarias y modificaciones que, en uso de facultades normativas, le autoriza esta ley.

El último artículo tratado fue el 42 y quedó ratificado la versión original de la Cámara de Senadores, que corresponde al artículo 44.

El documento será remitido nuevamente a la Cámara Baja, para su posterior análisis.

Ley de Consolidación Económica y Contención Social

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de junio con el objetivo de asegurar recursos para el sistema de salud y la continuación de programas sociales y de asistencia durante la pandemia del covid-19.

En total se prevén US$ 365 millones, de los cuales US$ 250 millones provienen de la transferencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Paraguay por “Derechos Especiales de Giro”.

El resto del financiamiento, alrededor de US$ 115 millones, provendrá de reasignaciones presupuestarias y la emisión de bonos por US$ 25 millones, según informaron autoridades de Hacienda.