Gentileza.

Una más del Ministerio Público y en este caso particular con los fiscales Ángel Sánchez y Juan Carlos Ruiz Díaz. 

Hasta este momento y tras más de un año de pandemia no queda claro en qué se gastaron los 1.600 millones de dólares que el Gobierno prestó para supuestamente afrontar al COVID-19. 

Durante este tiempo pasaron personajes cómo Benigno López, Julio Mazzoleni y otros, sin dar respuestas claras acerca del destino de ese multimillonario monto que Gobiernos venideros deberán honrar. 

Esta situación le importó poco al Ministerio Público, así cómo también hechos concretos cómo el casamiento con cientos de invitados de la hija Horacio Cartes, cuando esto no estaba permitido, así cómo el ingreso al país del exmandatario argentino Mauricio Macri para reunirse con el mismo Cartes, cuándo nadie podía entrar al territorio nacional. 

Sin embargo la Fiscalía es "implacable" contra aquellos que se manifestaron contra la corrupción y tan sólo pidieron respuestas claras del Gobierno para con fondos que fueron solicitados en nombre de la pandemia. 

Tal es el caso de la imputación contra la activista María Esther Roa, quién fue procesada por violación de la cuarentena y le solicitan Gs. 8 millones en materia de resarcimiento. 

“El Ministerio Público solicita que, de los G. 178.571, se considere el 15%, que es G. 26.785 y se le aplique 300 días multa, que equivale G. 8.035.695″, declaró. Sánchez explicó que dicho monto es exigido como condena “por la base de la medición, de la pena, los móviles y fines del autor, la importancia de los deberes instintivos, la relevancia, las consecuencias”.