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Según las fuentes, los líderes alcanzaron este histórico acuerdo tras cuatro años de intenso debate, un sistema que estará basado en dos pilares y que abordará los retos fiscales que plantea la digitalización y globalización de la economía.

El mecanismo, que se adoptará para 2030, sigue el camino ya trazado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de un sistema sustentado en dos pilares.

El primero fija que el volumen del beneficio residual de las empresas (el que queda después de que el país donde esté la sede se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10 % de la rentabilidad) se repartirá entre los países donde operan las compañías, y el segundo establece un tipo mínimo de sociedades mínimo del 15 % para las compañías que tengan una facturación de al menos 750 millones de euros.

El pasado 8 de octubre, la OCDE informó de que 136 países y jurisdicciones, que abarcan más del 90 % del PIB mundial sobre los 140 que participan en las negociaciones, acordaron que para el primer pilar la cifra sea del 25 % de ese beneficio residual, después de que hasta ahora se estuviera discutiendo entre un rango entre el 20 y el 30 %.

Esto se refiere a grandes empresas con una facturación mundial superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 %, y el reparto de beneficios se haría entre los países donde cada compañía tiene ingresos superiores a un millón de euros (250.000 euros en pequeños estados).

Las fuentes destacaron que el acuerdo garantiza unas normas fiscales justas, modernas y eficaces, que también son fundamentales para fomentar las inversiones y el crecimiento.

Contaron que el acuerdo del primer pilar incluye el compromiso de eliminar los impuestos sobre los servicios digitales existentes y otras medidas unilaterales similares, así como de abstenerse de introducir nuevos impuestos del mismo tipo en el futuro, una vez que las nuevas reglas estén vigentes.

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