Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un fallo favorable en segunda instancia por la expropiación de un inmueble situado en la periferia de Coronel Oviedo, cuya franja de dominio fue recientemente liberada para continuar las obras de duplicación de las rutas PY02 y PY07. Con ello, ahorra al Estado paraguayo más de 8.600 millones de guaraníes.

En la víspera, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sexta Sala de la Capital dictó un fallo favorable a las pretensiones de la PGR en el caso “Roosevelt César Benítez Molinas c/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones s/ Determinación Judicial de Precio” en el que se revocó la S.D. n.° 519 del 22 de diciembre del 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Décimo Octavo Turno de la Capital que imponía al Estado paraguayo la obligación de pagar la excesiva cantidad de G. 10.456.364.881 por la expropiación de inmueble situado en la periferia de Coronel Oviedo, cuya franja de dominio fue recientemente liberada para continuar las obras de duplicación de las rutas 2 y 7.

Según los antecedentes del caso el actor promovió juicio de determinación judicial de precio en contra del Estado paraguayo, reclamando el pago de indemnización por la expropiación de inmueble que había sido realizada por el Estado, en virtud a lo establecido en la ley N° 5389/2015.

“Que establece el procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles comprendidos en las áreas destinadas a la franja de dominio público de obras de infraestructura públicas a cargo del MOPC y declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado Paraguayo varios inmuebles afectados por dicha condición”.

Con esta resolución del Tribunal de Apelaciones el Estado, a través de las gestiones de la PGR logra ahorrar más de G. 8.600.000.000 que podrán ser empleados para el beneficio de la gente.

Desde la Procuraduría ratifican el compromiso de continuar ejerciendo su función constitucional de defensa de los intereses patrimoniales del Estado paraguayo contra cualquier intento de indebido despojo del dinero público aportado por todos los contribuyentes. IP