Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El juez peruano Rafael Martínez abrió el sábado 11 de diciembre un proceso penal contra el expresidente de ese país Alberto Fujimori (1990 - 2000) por su presunta responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas durante su mandato.

En medio de la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que inició el 14 de septiembre, el magistrado también anunció que en el juicio están implicados tres exministros de Salud de la Administración de Fujimori, uno de ellos es el actual legislador Alejandro Aguinaga. 

Alberto Fujimori y sus tres exministros de salud, Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, son investigados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

El fallo acaba con la incertidumbre de las víctimas que esperaban una respuesta desde hace más de 25 años. Sin embargo, para que inicie el proceso penal, la Corte Suprema de Justicia de Chile debe primero ampliar la extradición del expresidente, tras la captura de Fujimori en el vecino país en 2005. Mientras se espera la respuesta de Chile sobre la solicitud de extradición, el juez dio un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

ESTIRILIZACIONES FORZADAS

Como método para disminuir la pobreza del país, el Ministerio Público inició una estrategia a finales del siglo XX con la que pretendía frenar la natalidad de las personas de escasos recursos, incluidas selectivamente algunas comunidades indígenas del país.

El fiscal Pablo Espinoza explicó en marzo, cuando denunció a Fujimori, que “el Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay problemas de otros sectores sociales”.

Expuso, además, que entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos, en donde detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las personas y conseguir la esterilización.

“Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos”, añadió el fiscal.

Fue así como a más de 1.300 mujeres se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad por medio del reconocido Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Sin embargo, reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo apuntan que al menos 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron esterilizados por medio de ligadura de trompas y vasectomías. 

En total, de 300.000 personas, se desconoce cuántas de ellas fueron obligadas a tomar el procedimiento.

De las 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, tan solo 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas forzadamente; 1.307 terminaron con lesiones graves y cinco perdieron la vida a causa de complicaciones por la intervención, una de ellas, Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.

La mayoría de denunciantes, conformadas por mujeres de bajos recursos, andinas, indígenas y teniendo la lengua quechua como su idioma de comunicación, afirman haber sido sometidas a la ligadura de trompas sin el consentimiento previo, bajo amenazas y coacciones o siendo engañadas por medio de la promesa de otro procedimiento quirúrgico.

La denuncia del fiscal señaló a Fujimori de ser el máximo responsable por catalogarse como el principal promotor del método sistemático que en su Gobierno buscaba lograr la reducción de la pobreza por medio de la disminución de la tasa de natalidad.

"En las esterilizaciones forzadas también hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados; fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes", expresó el juez Rafael Martínez.

Fujimori, de 83 años, actualmente se encuentra pagando una condena de 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad como autor inmediato del asesinato de 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). 

El exmandatario también tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.

Fuente France24