El opositor Leopoldo López, uno de los presos políticos de Venezuela.

La semana pasada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una clara muestra de falta de independencia de poderes, había pedido al Tribunal Supremo de Justicia que declarara inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría del Parlamento.

Maduro justificó su pedido a la Sala Constitucional señalando que la amnistía aprobada el 29 de marzo era "una ley de guerra, para el odio", y "un autoperdón de los golpistas, donde confiesan sus crímenes durante 17 años" de gobierno chavista.

Con esa norma, la oposición busca liberar al menos a 76 de sus dirigentes presos y que cesen los procesos judiciales contra cientos de "perseguidos y exiliados políticos". Entre los beneficiados figuraba el líder opositor Leopoldo López y el ex alcalde de caracas Antonio Ledezma.

La Sala Constitucional es una poderosa instancia del TSJ, al que la oposición acusa de estar al servicio del oficialismo tras recientes fallos que eliminaron facultades de control del Parlamento, quedando fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y los militares.