El debate en la Cámara de Diputados de Brasil este viernes, sobre la destitución de Dilma.

La presidente brasileña, Dilma Rousseff, comienza a jugarse su mandato este viernes, en una Cámara de Diputados cada vez más hostil y en la que parece haberse formado una mayoría proclive a apoyar un juicio con miras a su probable destitución.

La discusión en el Congreso comenzó con duros cruces entre los parlamentarios del oficialismo y los de la oposición. Gritos, silbidos y permanentes interrupciones marcaron los minutos iniciales del debate.

Los defensores del gobierno mostraron carteles rojos que señalaban que se trataba de "un golpe de Estado", mientras que los opositores levantaron pancartas verdes que rezaban que era necesario el impeachment.

El Gobierno quemó el viernes uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedir el juicio y lo hizo ante la Corte Suprema, con una demanda de última hora intentada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que pedía anular parte del proceso y fue rechazada por ocho de los magistrados, frente a dos que pidieron aceptarla.

Cardozo demandó la nulidad de un informe aprobado en una comisión de la Cámara Baja, que aceptó la denuncia que acusa a Rousseff de incurrir en maniobras ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Si la demanda era respaldada por los magistrados, el proceso debería haber vuelto a ese punto y la comisión de diputados tendría que rehacer el informe, que según Cardozo contiene asuntos ajenos a la denuncia, lo cual obstaculiza la defensa de Rousseff.

Sin embargo, el Supremo consideró que la denuncia de la Abogacía General del Estado no procede y que el trámite debe seguir su curso.

El próximo paso comienza este viernes, cuando la Cámara Baja realice la primera de tres sesiones, que concluirán el domingo, en las que decidirá si se remite al Senado el informe que propone la apertura de un juicio político contra Rousseff.

Para que el trámite llegue a la instancia definitiva del Senado, que tendrá la última palabra sobre el juicio, la oposición necesita reunir una mayoría calificada de 342 votos entre los 513 posibles.

El Gobierno admitió el jueves que tiene en contra una mayoría cercana a los 300 diputados, pero subrayó que eso sería insuficiente para que el proceso prospere, con lo cual la causa acabaría en los archivos.