Diputado Bernardo Villalba

“El proyecto original daba la posibilidad a varias instituciones, entre ellas al Ministerio Publico, Seprelad, la Superintendencia de Bancos y a otras instituciones, de tener el poder legal de quebrar el secreto bancario de cualquier persona que a ellos se les ocurriese. En Diputados creímos necesario darle garantía a la sociedad porque no podemos dejar al arbitrio o a merced de las personas para que sencillamente se esté quebrando el secreto bancario de nadie, porque eso forma parte de la privacidad de las personas. Entonces lo hicimos como debe ser, dependiente de una orden judicial”, explicó.

Agregó que se debe hacer un estudio mucho más exhaustivo a nivel jurídico y que con el proyecto original se rompía con el principio de igualdad establecido en la Constitución, ya que, en estos casos, se debe guardad el debido proceso.

“Sería razonable proponer que cuando se trate de una sospecha en contra de narcotraficantes, trata de blanca, lavado de dinero, se autorice al Ministerio Público, pero no contra la sociedad de manera genérica, porque eso, en esencia, se trata de un poder jurisdiccional; es el juez quien debe determinar la investigación mediante una orden judicial y nada le impide al fiscal que solicite esto a un juez. Nos llama poderosamente la atención que el fiscal no quiera ni que el juez sepa que se está investigando a una persona”, alegó.