Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El abogado Jorge Rolón Luna, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, solicitó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia analice el expediente que derivó en la entrega de 310 mil hectáreas de tierras en zona de Seguridad Fronteriza del Chaco a empresas offshore. Atacó el “caos jurídico” que causó el actual presidente de la máxima instancia judicial, Antonio Fretes, y recordó que el caso le costó el cargo a una magistrada de primera instancia.

La nota está dirigida al ministro Eugenio Jiménez Rolón, miembro de la Sala Civil y Comercial de la Corte.

“Se solicita que la Corte se reúna en pleno para estudiar el fondo de la cuestión. Recodamos al ministro que cuando él fungía como presidente de la CSJ había ordenado una auditoria de la causa cuando el expediente se encontraba aún en el Juzgado de la ex jueza destituida Tania Irún”, dijo el abogado.

Dicha auditoria de la causa sigue en curso, pero no es menos importante que Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Además, su actuación en la causa le valió a la ex jueza una imputación por prevaricato.

Rolón Luna recordó que había accionado contra un fallo civil que cedía 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco, en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza, a empresas off shore, atentando contra lo establecido en la mencionada normativa. Por este hecho la abogada Tania Irún fue destituida de su cargo de jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, y tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Como la Corte Suprema de Justicia ratificaron la destitución, y días después el Ministerio Público la imputó por prevaricato.

El doctor Rolón Luna destaca que en segunda instancia la Cámara de Apelaciones volvió a obviar lo establecido por la Ley de Seguridad Fronteriza, y ratificó la transferencia de tierras a las empresas extranjeras. Es ahí cuando la Asociación del Espíritu Santo, a través de sus abogados, presentan acciones ante la máxima instancia judicial, entre ellas la apelación, y la recusación contra uno de los miembros de la Sala Constitucional, el ministro Antonio Fretes.

Lo que ocurrió fue que Fretes resolvió su propia recusación, para que luego se rechace la apelación al fallo in limine, con los votos de Fretes y César Manuel Diesel Junghanns, ya que el ministro Víctor Ríos votó en disidencia.

“No se dio el estudio del fondo de la cuestión debido a un rechazo in limine que tenía el grave problema de que el juez recusado con causa, en este caso Antonio Fretes, había estudiado y resuelto su propia recusación, que nosotros entendemos que es algo nulo”, remarcó Jorge Rolón Luna.