Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Como representante de la Asociación del Espíritu Santo, el abogado Jorge Rolón Luna, se presentó hoy ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde el titular es el exfiscal Anticorrupción, René Fernández. En el escrito señalan los antecedentes del proceso donde están en juego más de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en la denominada Franja de Seguridad Fronteriza, en zona del Chaco Paraguayo, y donde para cerrar un proceso judicial viciado de irregularidades, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el actual, César Diesel Junghanns y Antonio Fretes, respectivamente, violaron las normas jurídicas para ceder el terreno en cuestión a empresas offshore de Islas Vírgenes Británicas y Chipre.

“Contiene un relatorio detallado de esta causa, desde sus inicios, y que compromete de manera muy clara la labor del Poder Judicial, ya que ha habido sentencias claramente violatorias de la Ley que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción. De hecho hay una magistrada destituida, hay otros magistrados investigados en la causa, y finalmente una actuación contraria a la Ley de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que han estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal que rige este tipo de casos”, comentó el doctor Rolón Luna.

Explicó que se comunica a la SENAC porque eventualmente el Poder Ejecutivo podría tener una intervención en este caso, porque “de continuar estos hechos de corrupción deberá intervenir y advertimos que esa intervención se dará en sentencias nulas y en violación a la Ley”.

ANTECEDENTES

Recodemos que la abogada y exjueza de Primera Instancia, Tanía Irún, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras constatarse irregularidades en la sesión de transferencia de 310.000 hectáreas de tierra a empresas offshore, violando la Ley de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay, ahora soporta un proceso penal y está imputada por prevaricato.

El doctor Rolón Luna destaca que en segunda instancia la Cámara de Apelaciones volvió a obviar lo establecido por la Ley de Seguridad Fronteriza, y ratificó la transferencia de tierras a las empresas extranjeras. Es ahí cuando la Asociación del Espíritu Santo, a través de sus abogados, presentan acciones ante la máxima instancia judicial, entre ellas la apelación, y la recusación contra uno de los miembros de la Sala Constitucional, el ministro Antonio Fretes.

Fretes resolvió su propia recusación, para que luego se rechace la apelación al fallo in limine, con los votos de Fretes y César Manuel Diesel Junghanns. Todo esto fue puesto a conocimiento de la Secretaría Anticorrupción, como encargado de llevar adelante la Política Nacional de Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción.

“Tomando en cuenta que el propio Poder Judicial ha firmado convenios (con la SENAC) en el marco de la Estrategia Anticorrupción, podemos a conocimiento de estos graves hechos de la Secretaría. Además, esto de continuar su curso y no ser resuelto como corresponde, o sea anulado estos actos productos de sentencias contrarias al texto expreso de la Ley, conllevarán la intervención del Poder Ejecutivo, y cuando esto ocurra ya hemos puesto a conocimiento de la SENAC de estos actos”, comentó el abogado Rolón Luna.

JUICIO POLÍTICO

El abogado objetó la actuación del ministro y presidente de la CSJ, Antonio Fretes, y comentó que, si bien la parte a la que representa no plantea un juicio político, señaló que no se descarta porque existen los presupuestos configurados para tal proceso.

“Desde el momento en que se configura el mal desempeño, la posibilidad de un juicio político para funcionarios que son pasibles de juicio político, eso es una herramienta disponible. Tomar una decisión en el ámbito de sistema de justicia contrariando el texto expreso de la Ley de llama prevaricato, y prevaricato es mal desempeño, y mal desempeño es causal de juicio político”, refirió Jorge Rolón Luna.