Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El fin de semana, el ministro de Economía del Brasil, Paulo Guedes, emitió declaraciones ante la prensa en donde señaló que “Paraguay pasó a ser prácticamente un estado brasileño con impuestos cero, creció y se hizo rico porque se beneficia de la escala brasileña exportando al Brasil”.

En otro punto, Guedes hizo hincapié en que los impuestos en nuestro país son muy bajos y es por eso que los brasileños eligen nuestra tierra para venir a sembrar soja. “Paraguay ‘inteligentemente’ bajó (impuestos) y se convirtió el estado brasileño más rico”, afirmó el ministro.

Si bien la Cancillería ya emitió su repudio a estas declaraciones y manifestó que el Paraguay es un país libre y soberano, para el congresista esto solo evidenció una vez más, la falta de una Ley que garantice la Seguridad Fronteriza, pues según un informe de la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza que data de entre los años 2007 al 2014, solo en Canindeyú, el 50% de los lotes pertenece a colonos brasileños.

Hablamos de un total de 2189 propiedades con un total de 306952 hectáreas en manos de brasileños contra unas 2229 propiedades de 274167 hectáreas en manos de paraguayos.

Esta realidad también se traslada al Alto Paraná, donde 140392 hectáreas están en manos de brasileros, correspondiente al 35% de la superficie de dicho departamento, mientras que el 37% de la superficie pertenece a los paraguayos.

Por esta razón, el senador Pedro Arthuro Santa Cruz, ha promovido el proyecto de modificaciones en Ley N° 2532/05 que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. “Salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza, los extranjeros oriundos de cualquier país limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas no podrán ser propietarios, condomios o usufructuarios de inmuebles rurales”, remarca el mencionado texto.

Este proyecto de Ley fue presentado en el año 2019. Para Santa Cruz, la urgencia de la aprobación de esta ley garantizará además el resguardo del medio ambiente en las zonas mencionadas, donde el ecosistema ha sido fuertemente atropellado para el crecimiento de los sojales, que además, no retribuye en impuestos los gastos ocasionados por el impacto ambiental.