Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La destituida e imputada por mal desempeño en sus funciones, ex jueza en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún Ayala, debía de presentante hoy ante el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, para su audiencia de imposición de medidas cautelares como parte del proceso que soporta por el hecho punible de prevaricato.

Sin embargo, la defensa de la procesada accionó con un recurso de reposición y apelación en subsidio, atacando una presunta cuestión de fondo, dilatando de esta menera el proceso. Recordemos que Irún fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), acto que fue ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La misma supuestamente habría emitido una resolución judicial en contravención con la Ley de Seguridad Fronteriza (LSF) Nº 2532/05 por el cual el Estado paraguayo estableció una Zona de Seguridad Fronteriza (ZSF).

“La providencia no quedó firme y sobre el punto existen precedentes en el Tribunal de Apelación de que efectivamente la providencia de que tratándose una persona no privada de libertad es llamado a estudio de medidas cautelares debe quedar firme para que pueda ser realizada, en este caso el juzgado resolvió el recurso de reposición en el sentido de rechazar el pedido de la defensa, pero existiendo una apelación subsidiaria y por ley debe ser remitida al Tribunal de Apelación en forma subsidiaria”, comentó el juez López tras la chicana de Tania Irún para trabar el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas.

Recién cuando el Tribunal de Alsada resuelva lo planteado por la defensa de la exjueza, el Juzgado Penal de Garantías en lo Penal podrá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

El 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.