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La pensión alimentaria para adultos mayores, programa administrado por la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda, es un beneficio no contributivo orientado a la población de 65 años y más en situación de vulnerabilidad social. Las personas beneficiarias reciben el equivalente a un cuarto del salario mínimo, 572.331 guaraníes, destinados a cubrir sus necesidades más básicas cotidianas.

A pesar de ser un beneficio acotado a personas de 65 años y más, la pensión alimentaria mostró un rol de contención de la pobreza extrema y total para el total de la población del país.

La reciente publicación de resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2021 evidenció el efecto de la pensión en la población total y la incidencia de la pobreza.

Figura 1. Incidencia de la pobreza total según cobertura de las transferencias públicas monetarias. Paraguay. Año 2021

En términos relativos, el efecto en la pobreza extrema total es aún más importante. Sin la pensión alimentaria, el 4,9% de la población de Paraguay no alcanzaría ingresos mínimos para la adquisición de una canasta de alimentos. Con la pensión, ese valor de contuvo al 3,9% (figura 2). En otras palabras, sin la pensión, la pobreza extrema se hubiera expandido un 25% respecto de su valor real u observado.

Figura 2. Incidencia de la pobreza extrema según cobertura de las transferencias públicas monetarias. Paraguay. Año 2021

Más allá del efecto general de la pensión alimentaria en la población total, su impacto debe ser destacado respecto de la población hacia la cual está destinado el beneficio: quienes tienen 65 años y más.

Con el mismo procedimiento aplicado con el INE, es posible observar que, con la pensión, el nivel de la pobreza extrema en la población de 65 años y más es casi inexistente (1,2%), magnitud estadística que es tan pequeña que es inasible estadísticamente.

En tanto que la pobreza total alcanza al 19,1%. Si no existiera la pensión, la pobreza extrema alcanzaría al 6,4% de la población de 65 años y más; y la pobreza alcanzaría al 30,8%. La incidencia de la pobreza total y extrema sin la pensión se ubicaría incluso en niveles aún mayores a los de la población general (figuras 1 y 2).

En conclusión, la pensión alimentaria no solo cumple un rol de protección económica en las franjas más desfavorecidas de la población adulta mayor, sino que también contribuye en las políticas públicas de contención de la pobreza, en una coyuntura condicionada por factores externos, como la pandemia y los precios de alimentos y bienes esenciales.

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