Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Fuentes judiciales confirmaron que la ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún, remitió a la Contaduría General de Tribunales varias ordenes de pago el 11 de noviembre del 2021, 48 horas después que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) haya resuelto su remoción del cargo tras la cesión a presuntas empresas de maletín de 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

Según los antecedentes, en la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de fecha 9 de noviembre del 2021 se resolvió la destitución de la entonces Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15° Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital.

Desde el Poder Judicial confirmaron, con documentos, que luego de esta decisión del órgano, la ahora exjueza firmó varios cheques.

En total son seis cheques. El primero por G. 3,466,824,527, el segundo por G. 33,307,057, el tercero por G. 132,177,158, el cuarto por G. 55,000,000, el quinto por G. 261,011,067, y el sexto por G. 51,680,191.  

Haciendo la sumatoria, el total de orden de pago es por valor de G. 4 mil millones. Todos en favor de una sola persona, que según los documentos se realizó en el marco de una ejecución hipotecaria.

Fuentes judiciales cuestionan estas decisiones ya que se tratan de montos importantes, y cutas ordenes se dan tras lo resuelto por el JEM, que cuestionó su actuar y tomó la determinación de expulsarla del Poder Judicial.

INGRESOS DE TANIA

Medios digitales informaron que Tania Carolina Irún Ayala, de 44 años de edad, ingresó a la función pública el 17 de abril del 2021, según datos de la Secretaría de la Función Pública. Llegó a ocupar el cargo de jueza de Primera Instancia con un salario mensual de G. 17.806.000.

El Ministerio de Hacienda detalla que en concepto de sueldo percibía G. 14.181.000 al mes, y en concepto de Gastos de Representación otros G. 3.625.000.  El ingreso anual como que tenía Irún como magistrada llegó en el 2021 a G. 231.478.000.

Además de haber sido removida como jueza, Irún soporta un proceso penal promovido por la agente fiscal Natalia Fuster, quien la imputó por el hecho punible de prevaricato. La misma habría firmado una sentencia en supuesta contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza cediendo a empresas offshore unas 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco ubicada en Zona de Seguridad Fronteriza.