Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Luego que la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) haya recibido una denuncia de actuaciones bastantes llamativas y en contravención a las normas jurídicas de varios funcionarios de justicia, entre ellos el mismo actual ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro secretario ejecutivo de la SENAC, René Fernández Bobadilla, remitió estos antecedentes a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

La resolución firmada por el ministro Anticorrupción estableció remitir copia autenticada del expediente al Consejo de Superintendencia de la CSJ, en atención a la potestad disciplinaria y de supervisión de dicho órgano.

La denuncia objetó la actuación del ministro y presidente de la CSJ, Antonio Fretes, ha estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal. Esto se dio en el en el marco de un litigio de tierras en el Chaco valorados en US$ 500 millones, que ya le costó el cargo e imputación a la exjueza Tania Irún, por actuar en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza.

De esta forma, la instancia del Poder Judicial deberá verificar las actuaciones del mismo ministro de la Corte, por información de hechos dadas por un estamento importante del Poder Ejecutivo como la SENAC, encargada de la promoción y control de políticas públicas en la lucha contra la corrupción. Además, teniendo en cuenta el relato una actuación de un ministro del Poder Jucial contrariando el texto expreso de la Ley, que se podría calificar como mal desempeño, y mal desempeño es causal de juicio político.

En febrero pasado el abogado Jorge Rolón Luna, representante de la Asociación del Espíritu Santo, presentó ante la Secretaría Nacional Anticorrupción un escrito en que señalan los antecedentes del proceso donde están en juego más de 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en la denominada Franja de Seguridad Fronteriza, en zona del Chaco Paraguayo, y donde para cerrar un proceso judicial viciado de irregularidades, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, habría violado las normas jurídicas para ceder el terreno en cuestión a empresas offshore de Islas Vírgenes Británicas y Chipre.

“Contiene un relatorio detallado de esta causa, desde sus inicios, y que compromete de manera muy clara la labor del Poder Judicial, ya que ha habido sentencias claramente violatorias de la Ley que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción. De hecho, hay una magistrada destituida, hay otros magistrados investigados en la causa, y finalmente una actuación contraria a la Ley de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que han estudiado su propia recusación, en violación abierta a la Ley Procesal que rige este tipo de casos”, comentó Rolón Luna.

ANTECEDENTES

La exjueza de Primera Instancia, Tanía Irún, quien fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras constatarse irregularidades en la sesión de transferencia de 310.000 hectáreas de tierra a empresas offshore, violando la Ley de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay, ahora soporta un proceso penal y está imputada por prevaricato.

El doctor Rolón Luna destaca que en segunda instancia la Cámara de Apelaciones volvió a obviar lo establecido por la Ley de Seguridad Fronteriza, y ratificó la transferencia de tierras a las empresas extranjeras. Es ahí cuando la Asociación del Espíritu Santo, a través de sus abogados, presentan acciones ante la máxima instancia judicial, entre ellas la apelación, y la recusación contra uno de los miembros de la Sala Constitucional, el ministro Antonio Fretes.

Fretes resolvió su propia recusación, para que luego se rechace la apelación al fallo in limine, con los votos de Fretes y César Manuel Diesel Junghanns. Todo esto fue puesto a conocimiento de la Secretaría Anticorrupción, como encargado de llevar adelante la Política Nacional de Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción.

“Tomando en cuenta que el propio Poder Judicial ha firmado convenios (con la SENAC) en el marco de la Estrategia Anticorrupción, podemos a conocimiento de estos graves hechos de la Secretaría. Además, esto de continuar su curso y no ser resuelto como corresponde, o sea anulado estos actos productos de sentencias contrarias al texto expreso de la Ley, conllevarán la intervención del Poder Ejecutivo, y cuando esto ocurra ya hemos puesto a conocimiento de la SENAC de estos actos”, comentó el abogado Rolón Luna.