Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La representante del Ministerio Público, Natalia Fuster, que investiga a la imputada exjueza Tania Irún, solicitó de manera urgente al agente fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa, Manuel Doldán, dar trámite a la solicitud de informes a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas sobre las empresas de maletín que fueron beneficiadas con 310 mil hectáreas de tierras del Chaco y ubicadas en la zona de seguridad fronteriza.

Recordemos que la exjueza había firmado una resolución que cedió estas tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a cuatro empresas offshore. Las firmas Kyveloria Limited y Cusabo Limited, constituidas en la República de Chipre; y las empresas Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited, constituidas en las Islas Vírgenes Británicas.

Por dicha sentencia Tania Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de su cargo de Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, y ratificada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La fiscal Fuster señala que las mencionadas empresas extranjeras y presuntas empresas de maletín reclaman ser otorgantes de un supuesto préstamo concedido a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

Sin embargo, en informes ya acercados al Ministerio Público sobre la constitución de dos firmas (Kyveloria y Cusabo), revelan que las mismas fueron constituidas con un capital de apenas 1000 euros cada una, pero reclaman tierras valorizadas en millones de dólares. En tanto que, de las demás firmas, a la fecha no se tienen datos, pero, la jueza Irún en el 2018 ya concedió tierras a estas empresas que ni siquiera están constituidas en nuestro país.

LO QUE SE PIDE

En su escrito al fiscal Manuel Doldan, la fiscala Natalia Fuster solicita sobre las empresas Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited informes de la escritura pública de constitución y distribución de acciones, identificando si las acciones son nominativas o al portador; las actas de asamblea por la cual se designan a los representantes legales de las empresas y datos personales de los mismos; registros de las acciones y de los miembros con el detalle de los datos personales; y por último documentos sobre el rubro de las empresas, ubicación geográfica, direcciones, números de teléfonos, y así como también detalles si cuenta o no con sucursales en Paraguay o países limítrofes de la República del Paraguay.

Fuster sustenta su pedido en base a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada e 10 de diciembre del 2003 entre Paraguay y las Islas Vírgenes Británicas, específicamente en el articulado 17 sobre malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes; el artículo 28 sobre conocimiento, intención y propósito de un delito; y el 43 sobre cooperación internacional.