2022-06-08 | 15:29
INVESTIGACIÓNCaso Mercat: Imputan a médica del Hospital de Itauguá por varios delitos
Agentes policiales del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico, se constituyeron este miércoles en el Hospital Nacional de Itauguá y procedieron a la detención de la profesional médica Celia Romina Alfonso Vera, quien es ginecobstetra. La doctora entró en la mira en el marco de la investigación del Caso Mercat, específicamente porque su firma aparece en un certificado médico en favor del presunto capo narco Walter José Galindo.
La Fiscalía imputó a la médica por los presuntos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, expedición de certificados de salud de contenido falso y cohecho pasivo agravado.
Se sospecha que la doctora Alfonso habría recibido una suma de dinero a cambio de emitir un certificado médico el 4 de abril de 2021, en el que dejaba constancia de los supuestos padecimientos de Galindo, con membrete del Hospital Nacional de Itauguá. Según el Ministerio Público, Galindo no acudió al centro asistencial y la profesional tampoco podía expedir dicho certificado por su especialidad.
DETALLES
La agente fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, y el fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado; allanaron un estudio jurídico en el marco de la causa que afronta Walter José Galindo, presunto líder narco, sindicado de traficar 40 kilos de cocaína semanales en el Departamento Central.
En prosecución a la investigación fueron imputados Ana Stael Alfonso (médica forense del Poder Judicial) Celia Romina Alfonso (gineco-obstetra), y Sixto Ramón Cabrera por la supuesta comisión de los hechos punibles de Producción de Documentos no Auténticos, Expedición de Certificado Médico Falso y Cohecho Pasivo Agravado. Estas personas están sindicadas por supuestamente fraguar los informes médicos de Walter José Galindo, para dilatar el proceso judicial y obtener medidas alternativas en el proceso. Estos informes fueron expuestos en las audiencias desarrolladas.
Por otro lado, los abogados Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos fueron imputados por Producción de Documentos no Auténticos, en calidad de uso y también por Soborno Agravado.
Conforme al relato de los hechos, Celia Romina Alfonso habría recibido una suma de dinero a cambio de emitir un certificado médico fechado el 4 de abril del 2021, en el que habría dejado constancia de los supuestos padecimientos del procesado Walter José Galindo, cuyo membrete pertenecía al Hospital Nacional de Itauguá.
Sin embargo, Galindo jamás acudió al centro asistencial y tampoco la citada profesional podía expedir dicho certificado teniendo en cuenta que pertenecía a la especialidad de gineco-obstetricia.
Por otro lado, Sixto Ramón Cabrera, funcionario del Departamento Judicial de la Policía Nacional, también habría recibido dinero a objeto de redactar y suscribir un informe en el que dejó constancia que en fecha 19 de mayo del 2021, Galindo supuestamente presentaba problemas de salud y habría sido derivado al Hospital de Barrio Obrero en fecha 23 de mayo del 2021. Dicho informe habría utilizado la defensa del mismo para fundamentar la solicitud de revisión de medidas cautelares.
Mientras que, Ana Stael, en carácter de médico forense del Poder Judicial, habría recibido dinero para elaborar dos informes. Uno, en fecha 27 de mayo del 2021, dejando constancia que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluar al procesado.
Entre sus indicaciones señaló que su reclusión no era apta para el paciente por sus supuestas comorbilidades. El documento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N°2 de Lambaré, a través del cual lograron obtener medidas sustitutivas en el marco de la causa 1062/21. Posteriormente, habría elaborado otro informe exponiendo nuevamente las supuestas afecciones del Walter Galindo, en fecha 24 de junio del 2021, constituyéndose hasta su domicilio para examinarlo.
Por último, Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos habrían abonado sumas de dinero a los señores Ana Stael Alfonso, Celia Romina Alfonso y Sixto Ramón Cabrera, para la elaboración de los certificados médicos de las fechas mencionadas y utilizados en las audiencias de revisión de medidas.
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