Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), integró con 24 puntos el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles 22 de junio, cuyo desarrollo está previsto a partir de las 08:30 horas.

Uno de los primeros puntos a abordarse es el proyecto de ley “Que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal, modificado por Ley Nº 3440/08”, presentado por varios diputados y girado a la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario.

El presente proyecto tiene como finalidad elevar los marcos penales de los hechos punibles de Estafa y Lesión de Confianza en los casos especialmente graves.

Por otro lado, los diputados analizarán la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley ‘Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles, del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes Ns. 2051/2003, De contrataciones públicas ,y 6355/2019, Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13, Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias, y sus modificatorias”.

La Cámara de Senadores ya acepto el veto parcial y sancionó la parte no objetada. La preocupación del Ejecutivo radica en que la normativa puede entenderse, sin más, como poner al margen de todo el Sistema de Contrataciones del Sector Público a cuantas personas jurídicas extranjeras que provea combustibles a Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

“De darse paso a esta circunstancia, el régimen de compras públicas podría ver malogrado su propósito de dotar de estabilidad y previsibilidad al ámbito contractual del Estado”, dice parte de la objeción.

El proyecto de ley “Que dispone la exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado a los productos de la canasta básica”, será otro de los documentos a consideración de los legisladores.

En esencia, el documento establece la disminución del IVA al cero por ciento (0%), de los valores de la canasta básica de consumo. Es decir, de convertirse en ley esta propuesta, la enajenación e importación de productos como arroz, fideos, aceite vegetal, yerba mate, leche, huevos, harina y sal yodada, dejarán de pagar el 5% del IVA.

Por otro lado, los diputados estudiarán dos pedidos de ampliación presupuestaria. En el primer caso, para el Ministerio Público, por un monto aproximado de G. 116.945 millones, con lo que se pretende, entre otras inversiones, la creación de nuevas unidades fiscales; cargos para agentes fiscales; secretarios fiscales; auxiliares fiscales; fortalecimiento de unidades especializadas de delitos económicos, anticorrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; además de otras unidades especializadas en lucha contra el narcotráfico, contrabando, violencia familiar, y trata de personas.

Cuenta con dictamen de modificación de la Comisión de Presupuesto, que aconseja recortar la propuesta a G. 64.700 millones, dejando de lado, entre otros rubros, lo correspondiente a aumentos salariales del 15%.

En el segundo caso, se trata de una ampliación presupuestaria para la Contraloría General de la República (CGR), por un monto G. 15.114.839.508.

Es solicitada con el objeto de cubrir las necesidades perentorias existentes en los diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución, como ser el correspondiente a remuneraciones extraordinarias y adicionales, debido a la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control, requeridas para cumplir las exigencias de rango constitucional, sostiene parte de las argumentaciones.

El proyecto de ley “Comedores y centros comunitarios”, remitido, con media sanción, por la Cámara de Senadores, también figura en el orden del día.

El presente documento traslada, alrededor de 10 mil millones de guaraníes, del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución que sería la responsable de coordinar la organización, fortalecimiento y apoyo a los centros comunitarios, además de la articulación del trabajo de las diferentes personas e instituciones públicas y privadas para el efecto.

Recordemos que el Ministerio de Hacienda cuestiona la asignación de fondos a este proyecto de ley, teniendo en cuenta que son recursos, en principio, destinados a la administración de los bonos.

Por otro lado, también será analizado el proyecto de ley “Que modifica los artículos 331, 333 y 378 de la Ley N° 2422/2004, Código Aduanero”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

El presente proyecto de ley tiene como propósito combatir, frontalmente, el delito de contrabando, y aquella corrupción que se materializa antes, durante y después del contrabando, en este caso fuera de la sede aduanera.

En esencia, busca evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan estar supeditados a la culminación de sumarios administrativos, cuyo fin es distinto respecto de la persecución directa del Estado sobre el delito de contrabando realizado fuera de la sede aduanera.

Los diputados analizarán, por otra parte, el proyecto de ley “Que exceptúa el patrocinio de abogado en juicios de información sumaria de testigos para declaración de pobreza (insolvencia) ante juzgados de paz”.

La exposición de motivos explica que hasta el 2018, no se requería la intervención de un abogado para tramitar juicio de información sumaria de testigos, pero que esa realidad cambió con la promulgación de la Ley 6059/2018, Que modifica la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial y amplía disposiciones y funciones de los Juzgados de Paz”.

“No será necesario el patrocinio letrado cuando se actuare para la recepción de órdenes de pago y para solicitar declaratoria de pobreza”, decía la mencionada normativa, tácitamente, derogada por la Ley 6059/2018; y que por medio de esta propuesta se pretende restaurar.

Igualmente, será analizado el proyecto de ley “Que establece conceder un aporte especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián del Departamento de Itapúa y los municipios de San Ignacio, Santa maría, Santiago y Santa Rosa del departamento de Misiones”, por ser sedes distritales de los monumentos históricos de las Misiones Jesuíticas”.

Los proyectistas del documento consideran que estos recursos serán de fundamental importancia para refaccionar, mantener, conservar y construir obras de infraestructura que permitan el desarrollo de las actividades propias del turismo en la zona.

Igualmente, para salvaguardar el patrimonio tangible e intangible de estos pueblos de origen jesuítico, cuyos monumentos fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

A consideración de los legisladores, también se pondrá el proyecto de ley “Que concede y regula la distribución y comercialización de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a favor de las cooperativas Chortitzer Ltda., Fernheim Ltda. y Neuland Ltda., para el Chaco Central paraguayo”.

Esta propuesta, presentada por el legislador Edwin Reimer (ANR- Boquerón), tiene como fin la constitución de un marco legal para una cooperación articulada entre la ANDE y las cooperativas, rumbo a una concesión que permitirá que estas instituciones se conviertan en distribuidores oficiales de energía eléctrica.

Otro de los documentos es el proyecto de ley “Que exonera del pago de todo tributo nacional o municipal la importación de equipos, aparatos, artículos e implementos deportivos a ser empleados en el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022”.

Tiene por objeto establecer exenciones tributarias a favor de las entidades deportivas nacionales reconocidas por la Secretaría Nacional de Deportes para la importación o nacionalización de implementos deportivos que serán empleados en el marco de la realización de los próximos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022; así como permitir a las administraciones portuarias (ANNP y DINAC), conceder exoneraciones de sus tasas y tarifas en ocasión de la introducción de estos implementos por los puntos de acceso que administran.

Igualmente, figura en el orden del día, el proyecto de ley “Que modifica los artículos 11 y 13 de la Ley Nº 3331/2007, Que crea el ‘Programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello uterino y mama’”, propuesta aprobada, con modificaciones, por la Cámara de Senadores.

Este proyecto tiene la intención de permitir la realización de estudios de detección precoz de estas dos enfermedades, en centros privados de todo el país. Específicamente, establece que los centros de diagnósticos del sector privado podrán ser afectados para realizar estudios de detección precoz del cáncer de cuello uterino y de mama, de manera tal a evitar listas de esperas en los procesos de diagnóstico y detección de estas enfermedades.

La Cámara de Diputados, igualmente, prevé tratar el proyecto de resolución, “Que modifica el artículo 20 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados”.

El proyecto, presentado por la diputada Kattya González (PEN-Central), establece que: “El diputado que se ausentare a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas durante el año sin justificación será sancionado con la suspensión de sus funciones, sin goce de dieta, por el término de sesenta (60) días. En ese caso deberá prestar juramento el Diputado suplente, quien lo sustituirá por el término que dure la suspensión”.

Otro de los temas a ser abordados es el proyecto de ley “Que suprime las delegaciones legislativas para el establecimiento de tasas a instituciones del Poder Ejecutivo y organismos de Estado”.

La propuesta busca suprimir la arbitrariedad con que actúan algunas entidades del Estado y establecer, en adelante, mayor transparencia en la creación o eventual aumento de nuevas tasas. También apunta a propiciar un clima favorable para el emprendimiento y la realización de negocios, de manera a evitar la aplicación de tasas en forma sorpresiva.