Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El ministro de Justicia Édgar Olmedo Silva instruyó al director general de Establecimientos Penitenciarios para que se aumenten las medidas de control y seguridad en todos los penales del país, como mayor rigurosidad en el manejo de la seguridad perimetral, fortalecimiento del área de revisión del acceso de personas; llamado de lista e inspección de celdas de modo aleatorio, y requisas para incautar elementos no permitidos.

Recientemente, mediante un trabajo de inteligencia penitenciaria, se realizó una requisa en la Penitenciaría Regional de Misiones, específicamente en el Pabellón “B Baja”, que dio como resultado la incautación de armas blancas, bebidas alcohólicas, y un teléfono celular, que habría sido utilizado para realizar una llamada de amenaza a una magistrada judicial.

El equipo celular, que se encontraba en poder del interno Rodrigo Andrade de Moura, fue entregado al Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, para el análisis técnico correspondiente. Además, se comunicó del hecho a la jueza de Ejecución Penal N° 3 de Capital Sandra Patricia Silveira Benítez.

El viceministro de Política Criminal Daniel Benítez Romero se reunirá mañana en el Palacio de Justicia de Asunción con los ministros que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades buscarán consensuar medidas con el fin de realizar trabajos preventivos en el interior de los establecimientos penales. Precisamente, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad constitucional de verificar todas las cárceles del país.

Por otro lado, el ministro Olmedo mantuvo recientemente una reunión con el ministro del Interior Federico González, con el fin de analizar alternativas para erradicar el uso de equipos de comunicación por parte de las personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios. Ante la falta de recursos económicos que permitan la adquisición en corto plazo de equipos que interrumpan las señales de telecomunicaciones, las autoridades acordaron reforzar la coordinación los trabajos de inteligencia entre ambas instituciones, así como el establecimiento de un protocolo de reacción inmediata por parte de efectivos policiales ante situaciones de tensión en las cárceles del país.