Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Cámara de Apelaciones tuvo en su poder más de un mes el expediente dónde se encuentra imputada por prevaricato la exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún. Pasó más de un mes que no resolvieron el recurso dilatorio y finalmente pasaron el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la integran Manuel Dejesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes Ocampos.

Esto se suma a una serie de hechos dentro del Poder Judicial que dan indicios de supuestas dilaciones en la causa donde está imputada la exjueza, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras ceder a presuntas empresas de maletín unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

Por este hecho, la agente fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Natalia Fuster, imputó a Irún por el hecho punible de prevaricato en fecha 31 de enero.

El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, el 6 de abril del 2020, tras dos meses, admite la imputación contra Tania Irún, y fija para el 18 de abril la audiencia de imposición de medidas, que no se pudo realizar ya que la defensa de la exmagistrada presentó un recurso de reposición con apelación subsidiaria.

El juez López pasa el expediente a la Cámara de Apelaciones, integrado por José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera. Estos tuvieron más de un mes el expediente, y recién ahora no aceptaron resolver por supuesto conflicto de competencia y remitieron el expediente a Corte Suprema de Justicia.

A esto hay que añadirle que el camarista Sánchez nunca se inhibió de atender el expediente, por más que el mismo haya tenido una relación muy cercana con la familia de la imputada.

Ahora la causa está en manos de la máxima instancia judicial, donde Ramírez Candia, Benítez Riera y Llanes deberán destrabar el proceso. Una vez destrabado debe de bajar al Tribunal de Apelaciones, que finalmente deberá entender el recurso dilatorio, y recién ahí el juez Penal de Garantías podrá fijar una nueva fecha de audiencia de imposición de medidas y, admitir o no, la querella adhesiva contra Tania Irún.