Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Denuncian que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel Junghanns, estaría actuando de manera irregular al no apartarse del litigio por 310.000 hectáreas de tierras del Chaco, protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, y cuyo valor asciende a unos USD 500 millones. Esta causa ya le había costado el cargo a la exjueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien fue destituida por mal desempeño de funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), decisión ratificada por el pleno de la máxima instancia judicial.

Cuestionan el interés de Diesel en la causa y de cercenar el derecho de admitir el estudio de la acción de inconstitucionalidad contra el fallo que cedió las millonarias tierras a firmas offshore constituidas en Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre.

El abogado Jorge Rolón Luna, representante legal de la Asociación Espíritu Santo, solicitó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia el recurso de aclaratoria del fallo donde la máxima instancia judicial rechazaba in limine el recurso, a pesar de todos los antecedentes de fallo presuntamente irregular.

En primer lugar, un órgano extra poder como el JEM destituye a la jueza que firmó la sentencia de ceder las tierras de la zona de seguridad fronteriza a empresas de maletín. Ministros de Corte como Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, condenaron las acciones de la exjueza de primera instancia que votaron por su destitución en el JEM.

Incluso, al momento del estudio de la acción de inconstitucionalidad sobre el fallo, el ministro César Gara Zuccolillo había señalado la importancia del estudio del recurso en una causa con supuestos vicios desde el inicio. Sin dejar de mencionar que el ministro Eugenio Jiménez Rolón, entonces presidente de la CSJ, ordenó realizar una pericia informática a la computadora de la exjueza ya en el 2019, y que hasta el momento no concluyó.

Incluso, para una representante del Ministerio Público, como lo es la agente fiscal de la Unidad Anticorrupción Natalia Fuster, ameritó el procesamiento penal de la exmagistrada por la sentencia que cede las millonarias tierras, presuntamente de manera irregular.

Sin embargo, el ministro César Diesel, en primer lugar, acompañó el fallo judicial donde su colega Antonio Fretes (quien ya se apartó de la causa) decidió, primero resolver su propia recusación. El abogado Rolón Luna había calificado este hecho como caos jurídico. En segundo lugar, Diesel también vota por rechazar sin necesidad de estudio el caso tan cuestionado por sus pares y por importantes referentes de otros órganos constitucionales, como el JEM y la Fiscalía.

En medio de todas estas circunstancias, César Diesel fue recusado, pero sigue sin apartarse de la causa en la que hoy se necesita estudiar el recurso de aclaratoria, y persiste en seguir teniendo decisión en un expediente con millones en juego.

Otro de los cuestionamientos es que, cuál podría ser el agravio de admitir el estudio de la acción de inconstitucionalidad, si recordemos que la CSJ había solicitado una auditoria de oficio, que reiteramos, sigue abierta desde hace aproximadamente tres años.

Sin olvidad que también hay una causa abierta por supuesto acceso indebido al sistema informático judicial por parte de la exjueza, y cuya investigación también la realiza el Ministerio Público.

Con todos estos antecedentes, esta semana el ministro César Diesel deberá de resolver si vuelve a opinar o no en la misma causa donde se pide el estudio de fondo de la polémica causa.