Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia sesionó este lunes, ocasión en la que estudió y rechazó la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Consejo de la Magistratura en el expediente caratulado "CONSEJO DE LA MAGISTRATURA C/ ART. 49 DE LA LEY N° 5.336 QUE MODIFICA LA LEY N° 1.634/2000 QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL. N° 971 AÑO 2015".

La sesión fue encabezada por el doctor César M. Diesel Junghanns, quien es integrante de la Sala Constitucional y participaron los ministros Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes, además de los magistrados Enrique Mercado Rotela, Juan Carlos Paredes Bordón, Mirtha Ozuna de Cazal, Linneo Ynsfrán, María Mercedes Buongermini Palumbo (de forma telemática) y Stella Maris Zarate.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional Ampliada, resolvió no hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el abogado César Verdún Oviedo en representación del Consejo de la Magistratura en contra del Art. 4° de la Ley 5.336/15 que modifica la Ley N° 1.634/2000 que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial N° 971 año 2015".

APLAZADA VOTÓ PARA QUEDARSE

La cuestionada jueza de la Cámara de Apelaciones, Stella Maris Arminda Zarate González, es una de las que integró la Sala Constitucional Ampliada, y la misma votó por el rechazo, aunque según fuentes judiciales, supuestamente su voto ya estaba cantado pues la misma venía de un bochornoso resultado en el examen de conocimientos por el rekutu. 

El Reglamento del Consejo de la Magistratura establece los criterios de selección, evaluación de méritos y aptitudes para la elección de postulantes y para la conformación de ternas por el Consejo de la Magistratura, los titulares de los cargos que vuelvan a concursar para el mismo cargo, por fenecimiento del plazo de su mandato constitucional respectivo, deberán de rendir un examen con puntaje total de 100 puntos y una evaluación de gestión de 200 puntos.

La jueza Zarate apenas logró los 56 puntos en el examen de conocimientos. Un dato no menor es que el reglamento establece que el titular deberá alcanzar el 70% del puntaje total del examen y de la evaluación. Sin embargo, la Ley y con este nuevo rechazo de la Corte Suprema de Justicia, no importan los fallos y errores que pudiesen tener los magiastrados, sí o sí deberán ser incluidos en las ternas pujando por su reconfirmación. 

Publicaciones periodísticas señalan que la aplazada magistrada Stella Maris Zarate supuestamente cuenta con respaldo fuerte dentro del Poder Judicial, a pesar de sus cuestionados fallos y su bajo rendimiento en lo académico.

ESCÁNDALOS DE JUEZA APLAZADA

Uno de los hechos cuestionados de la jueza aplazada es que en el 2021 dio un duro golpe contra la política de transparencia, ya que siendo camarista del Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido para que la Itaipú Binacional informe detalladamente sobre las sesiones del Consejo de Administración desde el 15 de agosto del 2018.

El juez en lo Civil José Guillermo Trovato había emplazado a la binacional, pero Itaipú apeló, y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por las camaristas Valentina Núñez, Antonia López de Gómez y Stella Maris Zárate, rechazó la medida.

BLANQUEADORA DE ZI

La causa de enriquecimiento ilícito contra el senador colorado Javier Zacarías Irún quedó sepultado en el 2020. Primero el presunto juez amigo de ZI, Marino Méndez (Juzgado de Primera Instancia de Ciudad del Este) rechazó reabrir la investigación contra el legislador.

Los agentes fiscales Luis Said, Josefina Aghemo, Susy Riquelme y Osmar Legal, apelaron la decisión y la causa pasó a la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, donde Stella Marys Zárate, Isidro González y Miriam Meza ratificaron la resolución del juez Marino Méndez y archivaron la causa.

Fuentes judiciales también señalaron que la camarista Stella Maris Zarate también tuvo un cuestionado falló al confirmar la decisión de entrega de 310 mil hectáreas protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza y por la que se encuentra acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Las tierras en juego tienen un valor de US$ 500 millones.

La cesión de las millonarias tierras a supuestas empresas de maletín la realizó en primera instancia la exjueza Tania Irún, removida de su cargo por esa determinación y ahora imputada por la fiscala Natalia Fuster.

Parecería un caso sin mucha conexión, aunque fuentes judiciales señalaron que la exjueza Tanía Irún, a quien la camarista Zarate “le dio la derecha”, estaría emparentada con el senador colorado Javier Zacarías Irún, a quien ayudó a blanquear.