Imagen ilustrativa. GENTILEZA

"La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y todas sus organizaciones firmantes, observamos con creciente preocupación el recrudecimiento de la política de desalojos forzosos y criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el gobierno, que ya en el año 2021 alcanzó niveles de violencia significativos que hicieron de esta práctica violatoria de un conjunto amplio de derechos humanos, objeto de un escrutinio internacional que tiene en la mira al Estado de Paraguay", dice la primera parte del comunicado anunciado por la organización.

La Codehupy también expresa casos como el de Tembiaporá, la afectación a la comunidad indígena Ka´a poty, del Pueblo Ava Guaraní, ubicada en Itakyry; además de la muerte del joven agricultor Edgar Centurión (29). 

En el pedido que realiza a las autoridades, la organización solicita la liberación inmediata de las mujeres privadas de libertad en la localidad de Tembiaporá, la revinculación con sus hijos e hijas y la posibilidad de poder amamantar a su bebe en condiciones adecuadas y dignas.

Las organizaciones que integran la Codehupy son: Aireana, Áry Ojasojavo, Asociación Callescuela, Asociación Panambi, Base Is, Centro de Documentación y Estudios (CDE), Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), Cladem-Py, Centro Paraguayo de Teatro (Cepate), Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (Ceri), Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Coordinación Nacional de Pastoral Indígena – CONAPI, CIPAE, Decidamos, Fundación Celestina Pérez de Almada, Fundación Vencer, Fundar, Gestión Local, Heñói, Iniciativa Amotocodie, Kuña Roga, Oguasu, Red de ONG´S que trabajan con VIH/SIDA, SEIJA, Serpaj-Py, Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), Sindicato de Periodistas del Paraguay, Semillas para la Democracia, SUNU, Grupo de Acción Intercultural, TEDIC, Tape´a para el Desarrollo Social Sostenible, Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, Unidas en la Esperanza (UNES).

COMUNICADO 

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y todas sus organizaciones firmantes, observamos con creciente preocupación el recrudecimiento de la política de desalojos forzosos y criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el gobierno, que ya en el año 2021 alcanzó niveles de violencia significativos que hicieron de esta práctica violatoria de un conjunto amplio de derechos humanos, objeto de un escrutinio internacional que tiene en la mira al Estado de Paraguay.

Destacamos los hechos recientes acontecidos en la comunidad de Tembiaporá, Departamento de Caaguazú, que dejaron personas campesinas heridas, y una decena de personas detenidas, entre ellas nueve mujeres campesinas, una en periodo de lactancia que fue separada de su bebé y las demás, de sus hijos e hijas menores de edad; la situación de las personas de la comunidad indígena Ka´a poty, del Pueblo Ava Guaraní, ubicada en Itakyry, Alto Paraná, que, tras volver a sus tierras ancestrales después de largos meses resistiendo en la Plaza de Armas en Asunción, hoy, son hostigadas y reciben amenazas por parte sojeros brasileños de la zona; también recordamos la situación de  la comunidad indígena Hugua Po´i, distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, atacada con permanentes amenazas de desalojo de sus tierras ancestrales.

A todo esto, sumamos la muerte de Edgar Centurión (29), un joven agricultor, que fue asesinado en junio pasado, durante un violento procedimiento policial en la localidad de Edelira, Departamento de Itapúa.  En todos estos casos, vemos indicadores claros de una situación, absolutamente incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal como lo señalaran la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a hechos análogos en diversas oportunidades a comienzos del presente año.

En este sentido, rechazamos y condenamos el accionar del gobierno en estos casos, que siempre ante las disputas sobre la tenencia de la tierra busca criminalizar y violentar a las personas propietarias ancestrales de las mismas y a las verdaderas personas sujetas beneficiarias de la Reforma Agraria, sin plantearse la cuestión desde una óptica económica y social, ni abordar el problema de fondo: la distribución y la tenencia de la tierra en el Paraguay.

Es por ello, que hacemos un llamado a reanudar el diálogo iniciado con las comisiones de Reforma Agraria, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos del Senado, que tuviera inicio el 27 de abril pasado con los auspicios de las Naciones Unidas, para abordar los temas ya planteados en su oportunidad y que hacen al fondo de la problemática: Recuperación de tierras malhabidas, adopción de un protocolo para la prevención de desalojos forzosos y regularización jurídica de asentamientos campesinos e indígenas.

La CODEHUPY junto con las organizaciones firmantes, decimos cuanto sigue:

• Basta de desalojos forzosos, represión, violencias y de criminalización de las personas que luchan contra el acaparamiento de tierras, tanto de organizaciones indígenas como campesinas.
• Exigimos la liberación inmediata de las mujeres privadas de libertad en la localidad de Tembiaporá, la revinculación con sus hijos e hijas y la posibilidad de poder amamantar a su bebe en condiciones adecuadas y dignas.
• Exhortamos se realice una pronta investigación en el caso del asesinato de Edgar Centurión (29), que la misma sea independiente, imparcial y se llegue a obtener justicia, a modo que no se repita este tipo de hechos.

Asunción, julio 6 de 2022