La agente fiscal Natalia Fuster y la exjueza Tania Irún. GENTILEZA

Una nueva acción dilatoria fue presentada por la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, en el marco del proceso penal donde está imputada por el hecho punible de prevaricato. La misma recusó hoy a la agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, quien lleva adelante la investigación.

Esto se da horas antes de una nueva audiencia indagatoria que Irún debía tener ante el Ministerio Público, y que debe de desarrollarse este miércoles a las 09.00. Para poder llevar adelante la diligencia, la Fiscalía General del Estado designó como interino del proceso al agente fiscal Francisco Cabrera.

Irún había sido removida del cargo de jueza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño de funciones al ceder 310 mil hectáreas de tierras a cuatro empresas offshore de paraísos fiscales, y que estaban bajo protección de la Ley de Seguridad Fronteriza.

El fundamento de la recusación sería que Fuster “no actúa con objetividad en la presente causa”, según publicaciones de ABC Color. El medio informa que además se menciona que el abogado Osvaldo Bittar, representante de la Asociación del Espíritu Santo (Secta Moon) y titular de la tierra, habría formado parte del estudio jurídico del abogado Carmelo Caballero.

La recusación añade que Carmelo Caballero fue objeto de investigación (e incluso la causa llegó a juicio oral y público) por parte de Natalia Fuster en el caso Audios Filtrados del JEM, y argumentando que el abogado que fue acusado por Fuster tendría vinculo estrecho con Caballero.

En tanto se resuelva la recusación, el fiscal Francisco Cabrera cubrirá a su colega Fuster en el proceso.

IMPUTACIÓN

El 31 de enero de 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 3, y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 4, Natalia Fuster, presentó imputación contra Tania Carolina Rosa Irún Ayala (44) por el supuesto hecho punible de prevaricato.

Según el acta de imputación, la sentencia habría sido dictada por la jueza Tania Irún quien no habría corroborado los datos precisos de la identidades; nacionalidades de los representantes legales así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Especial N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la Republica del  Paraguay.

La Fiscalía sostiene que la exjueza debía tener conocimiento de los datos mencionados precedentemente a fin de confirmar o descartar lo establecido en la ley N° 2532/05, ya que los inmuebles que son objeto del juicio, se encuentran ubicados en la Zona de Seguridad Fronteriza, de acuerdo a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal y el expediente civil; como ser informes del Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza, la Secretaria Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos.

Tras analizar todos los antecedentes, la fiscal Natalia Fuster presentó imputación contra la exjueza por el hecho punible de prevaricato en calidad de autora. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para la imputada, y algunas reglas como prohibición de salir del país; presentarse a firmar el libro de Comparecencia del Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes; residir en un lugar determinado; y una caución real suficiente.