Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que deroga la Ley 6.765/21, Que autoriza la incorporación al seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), de los funcionarios permanentes, contratados y jubilados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)”.

El documento fue presentado por los diputados Rodrigo Blanco, y Hernán David Rivas. Los legisladores explicaron que el pedido de desvinculación se da debido a que, pese a estar al día con la previsional, son innumerables los reclamos de negación de servicios.

El diputado Blanco sostuvo que la incorporación del JEM a la previsional generó innumerables problemas para que estos funcionarios puedan recibir cobertura, lo que desnuda grandes problemas sanitarios del país.

“El JEM es una institución pequeña y ni siquiera esa estructura puede ser absorbida por la sanidad pública. Incluso una funcionaria, pese a estar al día con sus aportes, tuvo que recurrir a un amparo judicial para que su hijo sea aceptado en una cama de terapia neonatal”, indicó.

Luego explicó que la aprobación de esta iniciativa no generará gasto alguno al Estado, porque el mismo costo que se descuenta para el servicio de salud del IPS, sería destinado al seguro médico privado.

Por otra parte, el diputado Tadeo Rojas, señaló que la Comisión de Presupuesto dictaminó por la aprobación con modificaciones del texto, atendiendo que la ley sancionada tiene grandes problemas y que  incluso los empleados del Jurado no son asistidos en la previsional debido a que carecen de antigüedad.

Algunos legisladores manifestaron oposición, como el caso del diputado Sebastián García, quien indicó que esta aprobación deja un precedente que permitirá a otros sectores de empresas privadas, solicitar proyectos a medida.

“Quiere decir que un sector puede elegir entre tener un seguro privado o uno público; en tanto que otro sector está obligado a usar la previsional”, expresó.

En el mismo sentido, la diputada Celeste Amarilla, recordó que existe una ley que obliga a todos los paraguayos, empleados y empleadores, a tener IPS.

Inclusive abarca al personal doméstico y los jornaleros, añadió la congresista.

“O hacemos una ley obligatoria para todos, o para nadie. Tal vez, si es para nadie y se le corta la clientela al IPS, esta institución se apure para mejorar el servicio, porque los sanatorios privados se llevarán sus clientes”, subrayó.

Pese a algunas manifestaciones en contra, el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores.