Emilio Camacho, Gail González Yaluff y Raúl Lagraña. GENTILEZA

El jurisconsulto y abogado constitucionalista, Emilio Camacho, se refirió al preacuerdo que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y la empresa Victoria SA, para la sesión de 30.000 hectáreas de tierras en favor del pueblo de Puerto Casado.

“En el Derecho, el que ofrece algo que no es, el que ofrece algo que no tiene, comete delito de estafa. Ni el Indert se puede prestar a eso, ni los casadeños”, advirtió el doctor Camacho.

El lunes la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, convocó a una reunión a los representantes de la empresa y la parte interesada, que son la Comisión de Lucha por la Tierra de Casa, la Municipalidad de Puerto Casado y la Gobernación de Alto Paraguay. Informó que los trabajos técnicos en el lugar durarían unos 20 días, para determinar con exactitud las fincas afectadas y condiciones de dominio de las tierras.

“La situación es muy simple, lo que nosotros queremos es que se reconozca la posesión de los casadeños, no de 22 años, de más de 100 años, porque sus abuelos ya estaban en esas tierras. Y lo que yo vine a preguntar es cómo esta gente (empresa Victoria) va a donar la tierra si el título no está a su nombre”, dijo el jurisconsulto, que actúa como representante de la Comisión de Lucha por la Tierra de Casado.

Añadió que “el reclamo no es contra el Indert, nuestro reclamo es que estas empresas que aparecen ahora, llámese Atenil, Victoria, Cusobo, no tienen inscripto a su nombre. A nosotros no nos importa quien transfiera, pero tiene que ser propietario”.

González Yaluff, indicó que los trabajos para la regulación de las tierras se realizarán de forma conjunta con las partes involucradas, como los pobladores de Puerto Casado y la empresa Victoria. Sin embargo, las tierras están inscriptas a nombre de la Asociación Espíritu Santo Para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), que no participaron de las reuniones y que son las que están en litigio por unas 310.000 hectáreas con empresas offshore.

“Parte de las empresas ganaron en primera y segunda instancia el juicio, se planteó una acción ante la Corte y se rechazó una acción de inconstitucionalidad (aunque queda por resolverse una aclaratoria), pero los títulos siguen a nombre de la Asociación Espíritu Santo, y la Ley de donación lo hizo la Asociación” explicó el representante de la Comisión de Lucha por la Tierra.

Por último, el doctor Emilio Camacho fue claro al decir que “así no se puede concretar nada porque los títulos no están a nombre de ellos (empresarios), y ningún escribano va a inscribir lo que no está a nombre de un propietario”.

CASADEÑOS VIVEN EN UNA PROPIEDAD PRIVADA

Raúl Lagraña, presidente de la Comisión por la Tierra de Puerto Casado, dijo que el anhelo de todos los casadeños es tener una tierra propia, que estén a su nombre, porque pasaron generaciones que vivieron y murieron en una tierra que no era de ellos.

“Nosotros queremos nuestra autonomía propia, desde que nacimos, nuestros abuelos, nosotros y nuestros hijos vivimos en una propiedad privada”, dijo el poblador de Puerto Casado.

“Nosotros la posesión tenemos, solamente nos falta el título. Nosotros estamos ahí y toda la vida estuvimos”, comentó Lagraña. Agregando que unas 3000 familias serían las beneficiadas con las 30.000 hectáreas, además que hay 180 pequeños ganaderos