Imagen ilustrativa. GENTILEZA

En el Congreso Nacional recordaron las “barbaridades” del caso dónde cuatro empresas de maletín (dos de Islas Vírgenes Británicas y dos de la República de Chipre) fueron beneficiadas con una sentencia de la exjueza Tania Irún, hecho que le costó su destitución del cargo de jueza en lo Civil y Comercial por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que atribuyó mal desempeño de funciones.

“En el territorio chaqueño barbaridades se cometieron y desde diferentes instituciones”, comentó el diputado Eusebio Alvarenga, en medio de un agitado debate de sesión de tierras, en el cual pide prudencia para no volver a tener un caso similar como la sesión presuntamente irregular de 310.000 hectáreas de tierras del Chaco que se encuentran en la zona de seguridad fronteriza y bajo protección de la Ley de Seguridad Fronteriza.

Señaló que la resolución de Irún pone en peligro a la nación, y critica el hecho que se haya garantizado lo establecido en la ley de Seguridad Fronteriza, que no solamente prohíbe la posesión de tierras de extranjeros nacidos en países limítrofes, sino que también a aquellas firmas con mayoría de capital extranjero, como a las que cuentan con acciones al portador.

“Ahí tenemos el caso de una jueza en lo Civil que transfirió sin autorización y en contra de la Ley 310 mil hectáreas comprometiendo la franja de seguridad fronteriza, cuya transferencia está prohibida por una ley que integra el derecho positivo nacional. Pone en peligro la seguridad y la soberanía de la República”, remarcó el legislador.

Recordemos que Irún se encuentra imputada por el hecho punible de prevaricato, investigación iniciada por la fiscala de la Unidad de Anticorrupción, Natalia Fuster, quien la semana pasada fue recusada, y ahora lo interina Francisco Cabrera.

Justamente ante este agente fiscal Irún volvió a presentarse para una segunda audiencia de declaración indagatoria el último miércoles. En la mencionada diligencia la exmagistrada se ratificó en que no hubo prevaricato, y se alega que no estaba en su poder determinar las identidades y nacionalidades de los accionistas de las empresas offshore a las que benefició.

La Ley Nº 2532 que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay en su artículo 4° indica: Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza.

Además, en el artículo 8° de la misma norma dice: Los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes. La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación.

DESVINCULADA

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó la determinación de destituir a Tania Irún por supuesto mal desempeño de funciones y actuaciones en contravención de la Ley de Seguridad Fronteriza. El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la destitución por unanimidad.

Además, el 31 de enero del 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

El acta de imputación indica claramente que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Irún había beneficiado a presuntas empresas de maletín como Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom, quienes accionaron por un supuesto falso préstamo a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, reclamando 310 mil hectáreas en el Chaco.