Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, imputada por prevaricato por entregar de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras en Alto Paraguay a empresas extranjeras, seguirá investigada por dos meses más.

El juez penal de Garantías Yoan Paul López resolvió hacer lugar al pedido de prórroga que solicitó el representante del Ministerio Público, Francisco Cabrera, quien se encuentra interinando la causa donde es investigada la ex jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún. La exmagistrada está imputada por prevaricato.

De esta forma la Fiscalía cuenta con más tiempo para investigar y recolectar pruebas antes de presentar un requerimiento conclusivo, que podría ser la acusación y elevación del caso a juicio oral y público.

Recordemos que Irún fue expulsada por Poder Judicial luego que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) haya determinado que cometió mal desempeño de funciones al ceder a empresas offshore unas 310 mil hectáreas de tierras del Chaco que están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

La nueva fecha tope que tiene el Ministerio Público para presentar una acusación en la causa es el 3 de octubre, según fuentes judiciales. La causa original la estaba llevando adelante la agente fiscal Natalia Fuster, pero la misma fue recusada por la exjueza procesada y en su lugar el fiscal Cabrera lleva adelante las diligencias investigativas. 

IMPUTACIÓN

En enero la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 3, y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 4, Natalia Fuster, presentó imputación contra Tania Irún por el supuesto hecho punible de prevaricato.

Según el acta de imputación, la sentencia habría sido dictada por la jueza Tania Irún quien no habría corroborado los datos precisos de la identidades; nacionalidades de los representantes legales así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Especial N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la Republica del  Paraguay.

La Fiscalía sostiene que la exjueza debía tener conocimiento de los datos mencionados precedentemente a fin de confirmar o descartar lo establecido en la ley N° 2532/05, ya que los inmuebles que son objeto del juicio, se encuentran ubicados en la Zona de Seguridad Fronteriza, de acuerdo a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal y el expediente civil; como ser informes del Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza, la Secretaria Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos.

Además, recordemos que la Fiscalía ya cuenta con el testimonio de la procesada, pues el 19 de enero pasado, Irún finalmente a la tercera citación se presentó a la audiencia de declaración indagatoria en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Tras analizar todos los anteceentes, la fiscal Natalia Fuster presentó imputación contra la exjueza por el hecho punible de prevaricato en calidad de autora. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para la imputada, y algunas reglas como prohibición de salir del país; presentarse a firmar el libro de Comparecencia del Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes; residir en un lugar determinado; y una caución real suficiente.

ACLARACIÓN

La fiscala Natalia Fuster menciona en el acta de imputación que la  Representación Fiscal no desconoce el pensamiento y teoría referente a que los magistrados no pueden ser sospechados de prevaricato cuando esto surja a partir de sus opiniones en los fallos judiciales dictados, pero en el presente caso, no se trataría únicamente de la opinión de la jueza Tania Irún, sino que se trataría de una posible clara inobservancia e incumplimiento a lo previsto en la Ley especial 2532/05, de su obligación de haber corroborado y comprobado cada uno de los extremos mencionados en la referida ley, antes de dictar sentencia.

Además, remarca los antecedentes como el de la sentencia definitiva del 9 de noviembre de 2021, donde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), resolvió remover del cargo a la abogada Tania Carolina Irún Ayala, quien se desempeñaba como Jueza en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno de la Capital, por haber incurrido en mal desempeño de sus funciones en el marco del juicio mencionado con anterioridad.

Pero, además, es importante también remarcar otros elementos, pues la a Corte Suprema de Justicia ratificó la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado por la que se procedió a la remoción de Tania Irún. Y tanto el JEM como la CSJ rechazaron el recurso de reconsideración de la ex jueza.