Imagen ilustrativa. GENTILEZA

A través de un comunicado hecho público se criticó la gestión del Indert y la problemática de la tierra que tienen los pobladores de Puerto Casado (Chaco) desde hace más de 70 años. La presidente de la institución, Gail Gina González Yaluff, convocó a una reunión para firmar un preacuerdo a autoridades de la Municipalidad de Casado, de la Gobernación de Alto Paraguay, la Comisión por la Tierra de Casado, y a representantes de las empresas Victoria SA, Diego Puente y Kiantar Betacourt.

González en contacto con los medios había dicho que por “mandato del presidente de la República (Mario Abdo)” se han acercado a la empresa a firmar un acta de entendimiento. Añade que “ellos (Victoria SA) manifiestan que tienen todos los juicios ganados a la empresa Epíritu Santo, y próximamente van a estar inscribiendo todo eso a nombre de Atenil o sea Victoria SA”.  En otra parte señala que “Victoria SA es la dueña de las tierras”.

Un dato importante es que se trata de un litigio de 310 mil hectáreas de tierras cuyo valor ascienden a US$ 500 millones, y que el litigio se da entre la Asociación Espíritu Santo y cuatro empresas offshore de paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre. Estas empresas, presuntamente de maletín, buscan ejecutar un supuesto préstamo de mucho menor valor para quedarse con las tierras.

Es decir, la empresa Victoria SA no aparece en el litigio, y un dato que no deja de ser importante es que Atenil firmó un contrato de arrendamiento de tierras de la Asociación por un periodo de 20 años, de marzo del 2001 a marzo del 2021.

Además, la exjueza Civil, Tania Irún, fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño de funciones al ceder estar tierras a las offshore, que no tienen personería jurídica en Paraguay. Sin dejar de mencionar que la exmagistrada ahora se encuentra imputada por prevaricato.

El comunicado añade que no existen resoluciones en donde se disponga la transferencia de las tierras pertenecientes a la Asociación Espíritu Santo, como comunicó a los casadeños la titular del Indert.

Incluso, se agrega que hoy el juicio que le costó el cargo a una jueza de la nación hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia con una solicitud de nulidad y un recurso de aclaratoria, y que la Sala Constitucional no está conformada porque el ministro Antonio Fretes se inhibió del caso.

Por último, el comunicado remarca que es sumamente grave generar esperanzas a los casadeños con soluciones que no se pueden dar, porque ni Victoria ni Atenil serían las legítimas propietarias de las tierras. Y si bien existe un compromiso de la Asociación Espíritu Santo para donar varias hectáreas a los pobladores de la zona, se recalca una alta funcionaria del Estado debe actuar con responsabilidad y actuar y manifestarse en base a documentos valederos.